El Ejército Mexicano llega a su 108 aniversario envuelto en una polémica inédita para su historia. Y es que al mismo tiempo que sigue en operaciones para intentar frenar el narcotráfico y la inseguridad, sin lograr contener la violencia en el país, ahora tiene un sinnúmero de encomiendas que le ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Las nuevas tareas del Ejército, que han desatado una ola de críticas de opositores políticos y expertos, van desde la construcción del aeropuerto de Santa Lucía o de sucursales del Banco Bienestar, a apoyo en la estrategia contra Covid-19, incluida la vacunación, algo que no entra en sus tareas de defender al país de posibles atacantes extranjeros, sus labores de seguridad interna o el apoyo a la población en casos de desastre.
Y aunque actualmente el Ejército ha aumentado su presupuesto (de 81 mil millones de pesos, en 2018, a 112 mil 557 millones en este año), los asesinatos crecen a la par, pese a que los elementos castrenses mantienen presencia en las calles de diversas entidades del país en lugar de volver a los cuarteles, algo que el presidente López Obrador había prometido en campaña y que no ocurrió cuando llegó al poder.
En el transcurso de cinco años los asesinatos aumentaron 93%, ya que de 17 mil 886 homicidios dolosos en 2015, pasaron a 34 mil 515 en 2020, de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Y si bien el Ejército hoy tiene mayor fuerza presupuestal, se ha debilitado su imagen pública debido a casos emblemáticos, como el llamado Culiacanazo, el fallido operativo en el que fuerzas especiales del Ejército intentaron detener a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo, Guzmán (el 17 de octubre de 2019).
Paloma Mendoza Cortés, académica y consultora en seguridad nacional, aseguró a 24 HORAS que ante la población existe en general una buena imagen debido a la aplicación de Plan DN-III de apoyo a la población en casos de desastres, pero por otra parte hay casos específicos que debilitan la posición del Ejército ante el público.
Y es que de acuerdo a la académica, “el balance de estas cuestiones de debilidad institucional se debe a que la población tiene interacciones momentáneas, pero no es una relación totalmente estrecha, carece de puentes de entendimiento entre civiles y militares”.
El más reciente de estos casos específicos es la captura y posterior liberación del hijo del Chapo, luego de que la guarnición militar en Culiacán, Sinaloa, fuera sobrepasada por el Cártel del Pacífico; en aquel momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió la responsabilidad de liberar al capo para evitar la pérdida de vidas inocentes.
Ante ello, la investigadora consideró que el operativo fracasó debido a fallas de inteligencia, aunque la información completa no saldrá a la luz en por lo menos cinco años, debido a que se clasificó por ser un asunto de “seguridad nacional”.
A ese respecto también opina Raúl Benítez Manaut, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, quien coincidió en que el jefe del Ejecutivo ayudó a los militares al decir que él dio la orden de la liberación y no quedó como un error militar… sin embargo, como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas su decisión quedó dentro de la cadena de mando del Ejército.
El caso de los 43
Otro tema que arrastra el Ejército, aunque han pasado más de seis años, es la desaparición de 43 normalistas de la normal de Ayotzinapa, pues aún resuena cada 26 de septiembre (aniversario de los hechos) los gritos de “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, así como dedos que apuntan al 27 Batallón de Infantería, estacionado en Iguala, Guerrero, a quien de lo menos que se le acusa es de omisión ante los hechos que ocurrían a unas calles de sus instalaciones.
Aunque a ese respecto, Manaut asegura que “el tema Ayotzinapa es un debate entre Ongs, pero no es político o masivo y, como ya pasó, la población olvida”.
En cambio, algo que está muy reciente en la memoria es el caso del exsecretario de la Defensa en el sexenio pasado, Salvador Cienfuegos, quien luego de ser detenido por la DEA (la agencia antidrogas de Estados Unidos) el 15 de octubre de 2020, fue entregado a México para ser juzgado aquí… algo que no ocurrió debido a la falta de pruebas, de acuerdo a la Fiscalía General de la República.
A ese respecto, Manaut asegura que “el general Salvador Cienfuegos, quien fue señalado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y lavado de dinero, el Ejército no lo defendió públicamente… lo manejaron con la habilidad de que era inocente”.
Benito Medina Herrera, diputado del PRI, presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados y exmilitar, aseguró que “la situación del general Cienfuegos, que lo conozco desde hace 46 años, nos sorprendió el hecho de que el Gobierno de Estados Unidos actuara de esa manera y me atreví a hacer algunas declaraciones en defensa de alguien que considero que es inocente… pero aquí en el país se hizo una investigación por la autoridad correspondiente y se declaró que no había ningún delito por perseguir”.
Exigen mecanismo de rendición de cuentas
Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre del 2014 dijo que el Ejército requiere mecanismos de rendición de cuentas más claros, transparentes y dejar de ser hermética en aras de un prestigio inmaculado e insistió que no se investigan las graves violaciones a los derechos humanos.
“No se quiere llevar mecanismos claros de rendición de cuentas a los militares bajo esta idea que no se le debe tocar y eso cae en un desprestigio total… que sea un organismo de la impunidad”, refirió en una entrevista con 24 HORAS.
Manifestó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el presidente Andrés Manuel López Obrador deben hacer una valoración que el Ejército tiene que evolucionar en esta perspectiva, resaltó que la Fiscalía General de la República (FGR) debe investigar, pero se requiere una política de las Fuerzas Armadas con una mayor transparencia.
Rosales expresó que en lo referente al uso excesivo de la fuerza, la Institución se niega a aceptarlo y que sus elementos que incurrieron en esos actos sean investigados.
Reiteró que los militares han dosificado la información en la investigación del caso de Ayotzinapa y que los padres insisten en que hubo una participación activa, ya que se generaron documentos, videos y otros elementos de acervo probatorios necesarios.
Los padres de los normalistas refieren que los efectivos del 27 Batallón de Infantería de Iguala participaron en los hechos de la desaparición de los jóvenes.
LEG