La compra de medicamentos y la vigilancia epidemiológica se realizaron de forma deficiente durante el primer año de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La adquisición consolidada de medicamentos, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ejecutada en coordinación con la Secretaría de Salud, “no contribuyó de manera efectiva a promover y garantizar el acceso efectivo, universal y gratuito de la población a los medicamentos”, revela el informe a la Cuenta Pública 2019.
En una auditoría de cumplimiento por la Adquisición y Distribución Consolidada de Medicamentos y Material Terapéutico, la ASF detectó deficiencias en el proceso de licitación para la compra de medicamentos, material de curación, radiológico y de laboratorio, toda vez que la Secretaría de Salud no atendió las observaciones y recomendaciones de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas de las Pre-Bases de Licitación.
Tampoco se atendió la necesidad total del abasto de bienes terapéuticos solicitados por las 27 Instituciones Públicas Participantes (IPP) ya que, de las 3 mil 988 partidas requeridas por éstas, se licitaron 3 mil 257, de las cuales sólo mil 181 fueron adjudicadas (36.0%).
De acuerdo con la información proporcionada por las 27 IPP, de las mil 181 partidas adjudicadas, se suscribieron contratos por 5 mil millones 902 mil 592 pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2019, se habían ejercido 2 mil millones 110 mil 999 pesos.
Además, el informe de la ASF revela que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no proporcionó la documentación comprobatoria que acredite la distribución de bienes terapéuticos por 2 millones 229 mil pesos, ni aplicó penalizaciones por concepto del atraso de la entrega y distribución de bienes terapéuticos.
En tanto, respecto a la vigilancia epidemiológica, a cargo de la SSa, se reportó que hubo deficiencias en su diseño y operación, toda vez que se difundió información de 134 de las 150 enfermedades sujetas a vigilancia, lo que implicó que, para 16 enfermedades, no se favoreciera la accesibilidad a la información para la población y los tomadores de decisiones.
En el año previo a la pandemia, tampoco se elaboró el diagnóstico para identificar las necesidades de formación y capacitación en materia de vigilancia epidemiológica; no se implementaron mecanismos de coordinación con los Laboratorios Estatales de Salud Pública para estandarizar su operación.
LEG