Ocho de cada 10 personas que pierden la vida por Covid-19 fallecen en su domicilio en el estado de Jalisco, según estadísticas oficiales.
Esta situación de dolor y confusión para cientos de familias la aprovechan agentes del Ministerio Público y policías municipales para amedrentar y extorsionar a funerarias, hasta por 3 mil 500 pesos, tratando de imponer médicos certificantes y hasta paquetes funerarios.
“Tanto los policías y el Ministerio Público llegan pidiendo el contrato de la funeraria, y cuando ven que no pueden meter un servicio de las personas para las que trabajan, entonces va la extorsión de lo del certificado con ellos en 3 mil 500 pesos; le ha pasado aquí al personal.”
Este es uno de los testimonios de trabajadores y dueños de funerarias que obtuvo Quadratín Jalisco. Según los denunciantes, tienen conocimiento de entre 15 y 20 casos de este tipo de anomalías.
Denunciaron públicamente ser víctimas de estos trabajadores del Gobierno que ofrecen el servicio como si se tratara de funerarias establecidas. “El policía me habló y me dijo: ‘oye, tú, ¿qué eres?, ¿una funeraria establecida, bien y con permiso y todo eso?’, y le dije: ‘sí, lo que gustes: factura, permiso de salubridad, aquí está’”.
Otro testimonio señaló: “El policía le decía (al familiar de la persona fallecida) que él conseguía la funeraria y el certificado”.
En otros casos, el Ministerio Público ya trae hasta su médico.
Exigieron a las autoridades municipales y del Gobierno de Jalisco investigar quiénes son los médicos, policías y ministerios públicos que se están prestando a este tipo de irregularidad. Aseguraron que los únicos que certifican las muertes en domicilio son Servicios Médicos Municipales y los médicos especializados, además de que las familias tienen el derecho de decidir con qué funeraria contratan.
LEG