MIAMI. Estados Unidos está encerrando más inmigrantes irregulares que nunca y eso ha generado un negocio lucrativo para las mayores empresas privadas de reclusorios. La agencia “The Associated Press” descubrió que esas compañías han gastado decenas de millones de dólares en cabildeos para influir en los legisladores y han aportado generosamente a sus campañas electorales.

 

El costo para el erario llegará este año a 2 mil millones de dólares y en los próximos años las empresas calculan que recibirán aún mucho más dinero gracias a los planes gubernamentales para albergar a los 400 mil inmigrantes ilegales detenidos anualmente.

 

Tras una década de expansión, el sistema privado que regenta centros de detención va desde un suburbio de Denver a la zona industrial adyacente al aeropuerto de Newark. El sistema es en su mayoría controlado solamente por tres empresas.

 

El crecimiento no ha bajado su ritmo, pese a la baja de inmigrantes sin papeles en los últimos años.

 

En 2011, casi la mitad de las camas en el sistema de detenciones civiles estaban en centros privados con escasa supervisión federal, frente al 10% hace una década.

 

Las empresas recibieron además fondos de filiales que imparten cuidados médicos y transporte. Tienen encerrados más inmigrantes ilegales hallados culpables de delitos federales en su sistema de reclusorios privados.

 

La bonanza financiera, que sacó casi de la bancarrota a varias de esas empresas, ocurrió pese a que los funcionarios federales reconocieron que la privatización no es necesariamente más barata.

 

El cambio generalizado al sistema de reclusorios privados comenzó discretamente. Aunque el Congreso no ha logrado enmendar las leyes de inmigración, sus gestiones para aumentar el dinero que el erario destina a los centros privados de detención atrajo mucha menos atención.

 

Los gigantes del sector (Corrections Corporation of America, The GEO Group y Management and Training Corp.) han gastado por lo menos 45 millones de dólares en donaciones electorales y cabildeo en la última década, descubrió AP.

 

CCA y GEO, que administran la mayoría de prisiones privadas, insistieron que no influyen en los legisladores para ganar más.

 

“CCA no cabildea en temas que establecen las bases para la detención o encarcelamiento individual”, dijo el vocero de CCA Steve Owen en un correo electrónico enviado a la AP.

 

Las empresas privadas sostienen que pueden ahorrar dinero al erario en los centros que regentan.

 

Pablo Páez, vocero de la empresa de Boca Ratón, en la Florida, GEO, dijo en un correo electrónico que su empresa respalda las alianzas entre el sector público y el privado “que han demostrado ahorrar cifras importantes a los contribuyentes”.