México vive una nueva escalada violenta previa a las elecciones de junio próximo, con docenas de políticos asesinados en seis meses a manos del crimen organizado que intenta ampliar su poder.
La presión de narcotraficantes y otras bandas incluye además secuestros, incendio de viviendas y financiación de candidatos, según el Gobierno, que denuncia la existencia de un “partido del crimen organizado”.
Los mexicanos elegirán el 6 de junio a 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores, 30 Congresos estatales y miles de alcaldes y otros funcionarios locales.
De acuerdo a las autoridades, desde septiembre han sido asesinados 66 políticos, dos de los cuales se registraron el jueves pasado: Yuriel González y Melquiades Vázquez, aspirantes a alcaldías de Chihuahua y Veracruz.
Los criminales “buscan fortalecer su operación mediante la intimidación y el aumento de su influencia política”, denunció la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, al anunciar la semana pasada un plan para proteger a candidatos a los comicios parlamentarios y regionales.
Rodríguez añadió que en algunos lugares los delincuentes “designan” aspirantes para controlar los presupuestos y extorsionar a los Gobiernos y sus proveedores.
En ese contexto fue asesinado el 24 de febrero Ignacio Sánchez, candidato oficialista a la alcaldía de Puerto Morelos, vecina de la turística ciudad de Cancún, Quintana Roo.
“Era un tipo apreciado, andaba solo, no como los que están vinculados con el crimen organizado que andan con guardaespaldas. Fue un crimen político. Estaba claro que iba a ganar”, dijo a la AFP un allegado bajo anonimato.
Sánchez, de 42 años, había comentado a personas de su entorno que un contrincante “ofrecía cinco millones de pesos a quien lo asesinara”, agregó la fuente.
Alcalde”Pelele”
En México operan una decena de organizaciones del narcotráfico y otras bandas dedicadas al robo de combustible, la venta de droga al menudeo y el tráfico de migrantes, entre otros delitos.
El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el de Sinaloa y una nueva vertiente del de Juárez “están tratando de patrocinar candidatos”, asegura Anabel Hernández, autora del libro “Los señores del narco”.
“Si el presidente municipal de un pueblo llega (gana) por (injerencia de) la delincuencia organizada o por la delincuencia de cuello blanco, va a ser un pelele”, ha advertido el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La campaña electoral de 2018, en la que resultó elegido el mandatario izquierdista, fue la más sangrienta desde la Revolución (1910-1924) con unas 700 agresiones a políticos, de los cuales 152 fueron asesinados (incluidos 48 candidatos), de acuerdo a un estudio de la consultora Etellekt.
La violencia política “sigue estando enquistada en el ámbito local”, añadió esa firma, que destaca que ninguna persona ha sido detenida por los homicidios cometidos en la actual contienda.
Detrás de la estela de sangre está la pretensión del crimen organizado de “colocar alcaldes que les garanticen impunidad de operación a nivel local”, sostiene Gerardo Rodríguez, experto en Seguridad de la Universidad Autónoma de Puebla.
Pero también se encuentran “caciques políticos” que “usan la violencia porque ven amenazado su poder”, apunta Rodríguez.
Alternancia peligrosa
En esa misma línea, Rubén Salazar, director de Etellekt, observa que el fenómeno “ha venido creciendo conforme han avanzado los procesos de alternancia” en México, especialmente desde el año 2000 cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió la Presidencia tras gobernar durante siete décadas.
Para Salazar, ese año “se desbarató un sistema de control vertical que ejercía el Presidente” hasta la escala local. De manera que “cuando los alcaldes comienzan a tener poder para designar a sus candidatos empiezan a crecer” los asesinatos, explica.
Etellekt señala que la mayoría de políticos muertos en el actual período electoral “pertenecía a partidos opositores a los gobiernos estatales”.
La Asociación de Autoridades Locales de México documentó por otra parte 192 asesinatos de alcaldes, exalcaldes y políticos locales entre 2006 y julio de 2020.
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