Promover la cultura de la legalidad es fundamental para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a fin de lograr una mejor convivencia social, subrayó el presidente del organismo, Raúl Plascencia Villanueva.

 

Enfatizó que para ello ha distribuido casi 500 mil cartillas sobre los Derechos y Deberes de las Personas, que incluyen 20 compromisos que se deben asumir como integrante de una comunidad para lograr la coexistencia basada en la civilidad y con apego a la Constitución.

 

El documento es fácil de portar y consultar, contiene los derechos de que gozan todas las personas y precisa los deberes que se tienen hacia uno mismo, la familia, la sociedad, las autoridades y el país.

 

En un comunicado, el ombudsman destacó que a través de la cartilla y las Jornadas Nacionales por la Cultura de la Legalidad y los Deberes de las Personas, la institución impulsa la suma de voluntades de los ciudadanos que aspiran a una mejor convivencia social.

 

“Muestra que todos somos iguales ante la ley sin importar el origen étnico, el género, la edad, las diferencias sociales, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra situación que atente contra la dignidad humana”, detalló Plascencia Villanueva.

 

Recordó que en ese esfuerzo participan los tres ámbitos de gobierno, los tres poderes de la Unión, los órganos autónomos promotores y defensores de los derechos humanos, las instituciones académicas del país y la sociedad.

 

La cartilla de los Derechos y Deberes de las Personas es un instrumento diseñado para impulsar el fortalecimiento del sistema democrático, la confianza ciudadana en las instituciones públicas y la solución pacífica de los conflictos.

 

De igual forma aborda el tema de la obediencia a las leyes y el cuidado del medio ambiente, la protección a los hijos y el respeto y el cuidado hacia los padres y abuelos.

 

También plantea la urgencia de que los actores sociales, económicos y políticos asuman el compromiso de respetar plenamente la ley para garantizar una convivencia social pacífica.