Por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Sala Regional Especializada revisar de nueva cuenta el caso de los Servidores de la nación, con el fin de verificar si hay responsabilidad por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Bienestar, la subsecretaria de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de Bienestar y el coordinador general de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal, ante una denuncia de 2019.
En sesión pública no presencial, bajo el formato de videoconferencia, la Sala Superior revocó parte de la sentencia para que la Sala Especializada haga una nueva valoración de pruebas en los hechos relacionados con la violación al artículo 134 de la Constitución en los estados donde sí hubo procesos electorales locales en los meses finales de 2019 –a partir de agosto– en el caso de los Servidores de la nación que utilizaron recursos públicos e incurrieron en promoción personalizada del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Sala Superior revocó otra parte de la sentencia para que la Sala Especializada analice nuevamente si hubo irregularidades por el inicio del proceso electoral local en el estado de Coahuila.
El expediente deriva de dos denuncias del PRD en agosto de 2019. La primera –del día 8– se refiere a la denuncia por promoción personalizada del presidente López Obrador, mediante la entrega de beneficios derivados de programas sociales del ámbito federal en varias entidades y registrados en redes sociales, y el uso parcial de recursos públicos para ese fin.
La denuncia alcanza a María Luisa Albores, entonces secretaria de Bienestar; a Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal; a delegados Estatales y Coordinadores Regionales de Programas para el Desarrollo, y a los denominados Servidores de la nación.
La Sala Especializada confirmó que de julio a noviembre de 2018 y de diciembre de 2018 a mayo de 2019 hubo publicaciones en Facebook, Twitter e Instagram en las que se advierte que diversas personas identificadas como Servidores de la nación participaron en actividades relacionadas con la implementación y ejecución de programas sociales, utilizando indumentaria que, entre otros elementos, contiene el nombre del Presidente de la República.
Por ello, atribuyó la responsabilidad a 14 delegados estatales, 21 subdelegados regionales y ocho Servidores de la nación, y concluyó que el Presidente de la República no fue responsable, pues no autorizó utilizar su nombre como parte de la imagen institucional del Gobierno federal y la jerarquía que ocupa no implica responsabilidad por la actuación de otras áreas de la administración pública, de las cuales son responsables sus titulares; lo mismo para la entonces titular de la Secretaría de Bienestar y Gabriel García Hernández.
dahl