La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró que la iniciativa de reformar la Ley de Hidrocarburos esto generaría a inaplicabilidad, conflicto de preceptos jurídicos y violaciones graves a la Constitución.
“Coincidimos con el espíritu de fortalecer al sector energético, pero creemos que solo será posible con el esfuerzo conjunto del gobierno y el sector privado. Nuestra presencia en el sector puede contribuir con experiencia, mejores prácticas internacionales, y un gran compromiso con el cumplimiento del Estado de Derecho”, apuntaron en un comunicado.
Aseguraron que lo que se busca con esto es combatir las conductas ilícitas para la industria mexicana. De igual forma advirtieron que estos lineamientos también constituyen variables que impactarán positivamente en las Empresas Productivas del Estado.
Precisaron que los riesgos de los que advierten en el proyecto de reforma están vinculados con la vulneración del Estado de Derecho “por disposiciones discrecionales que podrían derivar en un potencial abuso de autoridad“.
Además de posibles prácticas anticompetitivas, mismas que no ponen a los consumidores como beneficiarios principales y denunciaron que sólo pretenden favorecer a Pemex a costa de mayores precios o combustibles de menor calidad.
“Es preocupante que la propuesta presentada ante la Cámara de Diputados establezca que la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) podrán suspender los permisos, de manera temporal e indefinida (a discreción de la autoridad), petrolíferos e hidrocarburos ante ‘un peligro inminente’ a la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional sin que en ningún caso, definan claramente supuestos normativos”.
Expresaron que en la iniciativa se propone reformar el régimen de sanciones, a fin de revocar los permisos de operación previamente expedidos, a los sujetos que reinciden en la ejecución de conductas como: incumplimiento de las disposiciones aplicables a la cantidad, calidad y medición de petrolíferos y realizar modificaciones no autorizadas a la infraestructura del permisionario.
“Esta propuesta es particularmente relevante, pues dada su redacción, abre la puerta para que las instalaciones y permisos –de cualquier tipo– tengan necesariamente que ser operadas por Pemex“.
Entonces la propuesta tal y como se presentó contempla que en caso de suspensión, la empresa estatal deberá ser la encargada de manejar y controlar las instalaciones suspendidas.
“Esto presenta una latente posibilidad para que la petrolera nacional (un competidor actual de los permisionarios afectados) sea designada para tomar el control de las instalaciones cuyos permisos sean suspendidos práctica que genera preocupaciones entre los inversionistas así como cuestionamientos sobre el Estado de Derecho, el respeto a las inversiones realizadas y los límites a la propiedad privada”.
Dijeron que lo que se busca es evitar el “huachicol fiscal“, no obstante, la Coparmex señaló que basta con aplicar “de forma efectiva” las sanciones previstas ya en la Ley de Hidrocarburos.
Aseguraron que coinciden con el Gobierno de México en cuanto al combate del huachicol, pero instaron a que se debe precisar la propuesta de reforma.
“De lo contrario generará incertidumbre en el sector, toda vez que los tres términos incorporados -seguridad nacional, seguridad energética y economía- que estarán en un ‘peligro inminente’ tienen una amplia interpretación y ésta puede modificarse constantemente de manera discrecional afectando a toda la cadena de valor y en general, al ambiente de negocios en el país”.
“SI NO ES NECESARIO NO HABRÁ REFORMA ENERGÉTICA”: AMLO
CT