Una estafa, una verdadera estafa es la que el Presidente, los empresarios y algunos líderes sindicales hicieron a los trabajadores de México. Nada que se pacte a espaldas y sin consultar a la base obrera puede ser legítimo ni legal y eso fue lo que sucedió con la reforma del outsourcing. 

Tal cual se trató de un martes 13, cuando la mayoría de los legisladores levantó su mano en el recinto de San Lázaro para aprobar una reforma que no solo quita beneficios a varios sectores, sino que a todas luces viola la Constitución. El que escribe fue de los únicos diputados que subió ese día a tribuna a oponerse a esa reforma, y es que como todo, no venía sola, venía acompañada de letras chiquitas que a conveniencia, la mayoría no quiso ver. 

La reforma fue anunciada como una de gran calibre que eliminaría el outsourcing; sin embargo, nunca dijeron que al aprobarla, darían un gran golpe a la economía de millones de familias al topar a tres meses como máximo el reparto de utilidades, cuando en muchas ocasiones, esta prestación supera en gran medida esta cantidad, es decir, afectará directamente en el bolsillo de los obreros.

El reducir la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la empresa, significa pasar por encima de la Constitución, y es que esta establece que la PTU será acorde a cierto porcentaje de las ganancias que registre la compañía ante la Secretaría de Hacienda, tras un año de trabajo. El artículo 123 fracción novena es preciso y establece que se trata de un porcentaje, no de meses, no de días trabajados como lo aprobaron.

Sin importar este gran detalle, se dejó ver una cadena de manos alzadas para aprobar esta reforma, iniciando con el pacto firmado por el Presidente, empresarios y tristemente de líderes sindicales que hacen todo menos defender a los trabajadores, entre ellos Napoleón Gómez Urrutia, principal impulsor de esta reforma. 

Con estas adecuaciones a la ley, también queda claro que Napillo continúa con su intención de acabar con el sector minero, no sólo al arrebatarles recursos a la mala a los mineros, como los 55 millones de dólares, sino ahora reduciendo al mínimo una de las partes más importantes de sus ingresos, la PTU. El sector minero es uno de los directamente afectados por esta reforma, sólo el que es trabajador lo entiende, el quitar estos ingresos es partirles la cara a los obreros. 

Los derechos deben ampliarse y no reducirse, tampoco se debe mentir a los trabajadores y hacerles creer que la reforma es un beneficio, cuando lo aprobado dice lo contrario. 

La reforma del outsourcing trae una triple intención, primero es meramente recaudatoria, los trabajadores recibirán un limitado y topado reparto de utilidades, mismos que sí o sí pagará impuestos que irán directito a las arcas de la Secretaría de Hacienda, también se trata de un aliciente a las empresas, ya que pagarán menos por este concepto y por último saciar la prisa del Presidente al poner todo el escenario para anunciar verdades a medias este primero de mayo. 

 Nosotros no seremos cómplices de este atropello, por lo pronto seguiremos dejando en claro que no permitiremos ni avalaremos esta reforma, también iniciaremos una batalla legal en los tribunales para conservar nuestros derechos frente a lo que puede denominarse como un hecho de institucionalidad elaborada desde la cúpula del poder y servilismo.

 

                                                                                                                                             @CarlosPavonC