Se entiende la urgencia de la oposición por evitar que Morena se haga nuevamente de la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

Evitar que los diputados de Morena sigan actuando como empleados del Ejecutivo para que le aprueben todo lo que envía, sin importar que viole leyes o la Constitución, es una justificación.

Pero, ¿qué podría estar pensando el presidente López Obrador que le falta hacer como para poner como prioridad mantener la mayoría absoluta en San Lázaro, al costo que sea?

O puesto en castellano, ¿para qué querrá el Presidente la Cámara de Diputados?

Veamos.

Las principales reformas peñistas ya fueron enviadas al bote de la basura y sustituidas por otras modelo 4T.

La contrarreforma educativa fue la primera que se ejecutó; la reforma energética lopezobradorista también se consumó; la reforma al Poder Judicial también se hizo -solo está impugnado el regalo de dos años que los senadores le hicieron al ministro de la Corte, Arturo Zaldívar.

Ha habido otras reformas de menor calado; se modificó la Constitución para elevar precisamente a rango constitucional los programas sociales de la 4T; se hizo un cambio para garantizar que ningún servidor público pueda ganar más que el Presidente de la República -la Corte pidió a la Cámara de Diputados justificar de dónde salió la cifra de los 108 mil pesos mensuales para el Presidente y hasta el momento no lo ha hecho.

López Obrador ha dicho que necesita apresurar todos los cambios para que, en el caso de que Morena no mantenga el poder en 2024, sea imposible que quien llegue, los tire.

La mayoría de las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de mayoría morenista están impugnadas, como los cambios al sector eléctrico y la propia reforma energética.

Falta la realización de una reforma fiscal, que el Gobierno ya tiene en borrador pero no se anima a concretar y por ahí, como no queriendo la cosa, la eventual ampliación del mandato presidencial con el pretexto de la pandemia.

Para eso le urgen la mayoría de los diputados.

****

En Isla Mujeres, Quintana Roo, está buscando la reelección como presidente municipal, Juan Carlos Carrillo Soberanis, pese a que desde su primera campaña, en 2018, fue relacionado con grupos de la delincuencia organizada.

Incluso, en plena campaña en ese año, una candidata a regidora de su planilla, Rosely Danilú Magaña, fue baleada junto con otra activista días después de que un cártel había amenazado a Carrillo Soberanis de que “rodarían cabezas’’.

La mujer murió días más tarde en el hospital.

Quién sabe si los isleños quieran repetir administración, pero seguro se lo están pensando.

****

Diversas encuestas colocan en un empate técnico la carrera por la gubernatura de Guerrero, entre la hija de Felix Salgado Macedonio y el priista Mario Moreno Arcos.

La distancia que parecía inalcanzable al inicio de la campaña entre Morena -decían en el estado que Morena podría postular a un burro y aún así arrasaría- se ha ido diluyendo a tal grado que la victoria del priista parece estar a tiro de piedra.

Quizá por ello la candidata del PAN, Irma Lilia Garzón Bernal, declinó a favor del priista, en una alianza que se había frustrado hace unos meses pero que al paso de los días terminó por consolidarse como un matrimonio por conveniencia.

¿Impactará esta alianza a los Salgado? Por lo cerrado de la contienda, podría ser posible.

La pregunta que tendría que hacerse Morena es ¿cómo fue posible perder una ventaja de treinta puntos en menos de dos meses, no solo en Guerrero sino en Nuevo León y otros estados?

LEG