La corrupción en el Poder Judicial es histórica en México y no es suficiente con declararle la guerra a esta conducta para extirpar ese cáncer en todos los rincones del país. Pero cuando quien declara la guerra a la corrupción incurre en un acto de esa naturaleza la demagogia se vuelve delito y debe ser castigado.

Porque sabemos de la división que existe entre los jueces, algunos son partidarios de la 4T y se ponen a su servicio incondicionalmente, es el caso de Ricardo Mercado Oaxaca, juez federal del Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Tuxpan, Veracruz, quien se toma atribuciones que no le corresponden al diferir, por segunda vez consecutiva, una audiencia dentro de un juicio con claros tintes políticos y partidistas.

Rogelio Franco Castán, exdirigente estatal del PRD en Veracruz, exsecretario del Gobierno de Veracruz y actual candidato a diputado federal, fue detenido con un amparo en la mano la mañana del sábado 13 de marzo pasado. Su abogado defensor descubre las artimañas del juez, ya que un juez de esa categoría carece de facultades para diferir una audiencia, sobre todo en una acusación tan oscura como la operada por órdenes superiores, porque sería muy ingenuo pensar que se trata de una decisión del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez; quien está detrás es el Presidente de la República, que quiere limpiar de opositores su camino para obtener la mayoría en la Cámara de Diputados, único motivo por el que se detuvo a Franco Castán, a quien se le elaboró una ley exclusiva para su detención, ya que fue aprobada tres días antes por el Congreso local, lo que se conoce ahora como la Ley Franco, y que consiste en decir que la persona se resistió a la aprehensión para imputarle este nuevo delito diseñado para presos políticos, llamado “ultrajes a la autoridad”.

El juez es un delincuente que debe ser vigilado estrechamente por la verdadera justicia, ya que todavía hay jueces con precio y rendidos a los pies del amo, quien hace caso omiso de amparos y apego a la ley.

Jesús Zambrano Grijalva, presidente nacional del PRD, en una carta dirigida al presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, le informa que el Juez Séptimo de Distrito con residencia en Tuxpan, Veracruz, licenciado Ricardo Mercado Oaxaca, en desacato a la jurisprudencia con registro digital número 2018561, de rubro auto de vinculación a proceso por regla general, el juez de Distrito para resolver el juicio de amparo promovido en su contra no debe requerir de oficio la carpeta de investigación en el amparo indirecto 121/2021, promovido por Rogelio Franco Castán, difirió de oficio la audiencia constitucional hasta el 25 de junio.

De esta forma le hace el juego al gobernador del estado, el morenista Cuitláhuac García Jiménez, y al Presidente de la República, de mantener en prisión preventiva al quejoso, se estima es un acto que viola los derechos del imputado y quejoso a obtener justicia pronta.

Ante esta situación, el abogado defensor señala que el recurso de queja que interpuso está fundamentado completamente, ya que “resulta fundado contra la solicitud del juez de distrito efectuada al juez de control para la remisión de la carpeta de la investigación, cuando el acto reclamado consiste en el acto de vinculación a proceso”.

La inconformidad generalizada surge ante el juez por hacer caso omiso del amparo, por tomarse atribuciones que no le corresponden y por violar la ley al hacer tiempo para que el día de las elecciones Franco Castán esté todavía encarcelado. Las mañas de la 4T convertidas en claras violaciones a la ley y una burla a la justicia.

PEGA Y CORRE.- La violencia electoral tiene por lo menos dos interpretaciones, la primera que es orquestada por la oposición para que la gente no asista a votar; la otra es provocada por el poder para justificar la presencia de la Guardia Nacional en todas las casillas… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

 

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