La Extinción de Dominio sólo procederá cuando las fiscalías del país tengan acreditada que la procedencia de los bienes es ilegal, determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En 2019, se cambió el artículo 22 de la Constitución para que el Estado pueda quedarse con propiedades incautadas por investigaciones relacionadas con 11 delitos graves, sin que existiera una sentencia del Poder Judicial.
La Ley de Extinción de Dominio señalaba que el Gobierno podría vender por anticipado y casi de inmediato, los bienes decomisados por delincuencia organizada, secuestro, robo de hidrocarburos, narcotráfico, trata de personas, operaciones con recursos de procedencia ilícita y corrupción de servidores públicos.
Los bienes decomisados, en el caso federal, son entregados por la Fiscalía General de la República (FGR) al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) que se encarga de administrarlos, subastarlos y transferir los recursos ganados a la Tesorería de la Federación.
En septiembre de 2019, el Indep también subastó propiedades confiscadas, entre las que destacó la mansión de Zhenli Ye Gon por 102 millones de pesos. En una carta, el empresario encarcelado denunció que se vendieron sus bienes sin agotarse las impugnaciones que había ingresado.
Con la anulación de varios artículos de la Ley de Extinción de Dominio, ayer, por 9 votos contra dos, la Corte declaró inconstitucional que se pongan a la venta propiedades incautadas que no cuenten con una sentencia judicial sobre su procedencia ilícita.
“El hecho de que un bien esté relacionado con la investigación de hechos ilícitos como instrumento u objeto del delito ya no es suficiente para que proceda la acción, pues, además, es imprescindible que no esté acreditada su legítima procedencia de los bienes”, afirmo la Corte.
El próximo jueves continuará la discusión de los ministros sobre el mismo tema.
LEG