Un nuevo capítulo de la historia chilena se comenzó a escribir ayer en forma de Constitución, una que reemplazará la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y que llegó como resultado de la válvula de escape que se abrió en el país en octubre de 2019, con protestas multitudinarias en reclamo de mayor igualdad social.
Para darle mayor simbolismo al acontecimiento, la académica y lingüista mapuche (el pueblo indígena más numeroso del Cono Sur) Elisa Loncón fue elegida para presidir la Convención Constitucional que redactará el histórico documento.
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Con tres horas de retraso por protestas y reclamos de algunos constituyentes que acusaron una fuerte represión policial contra los manifestantes, se nombró a los 155 convencionales, de los cuales solo 37 corresponden al ala derechista.
“Esta Convención transformará Chile”, dijo Loncón -vestida con traje típico y portando una bandera mapuche-, al enfatizar que “este sueño será representativo de la pluralidad del país y trabajará para sentar derechos sociales, para cuidar a la Madre Tierra, entre ellos, el derecho al agua”.
Para muchos analistas, la actual Constitución carece de legitimidad fundacional, pues emanó de una Junta Militar y fue ratificada en un débil plebiscito, sin estándares mínimos de un proceso democrático, sin un Congreso popular ni una Asamblea Constituyente.
Entre los cambios más importantes está girar hacia un sistema semipresidencial, es decir, con un Presidente de la República elegido directamente por la ciudadanía y un Jefe de Gobierno (Primer Ministro o Premier), junto a un gabinete de ministros designados por el Presidente con el acuerdo del Congreso. Actualmente, Chile cuenta con un régimen presidencial: el Ejecutivo concentra el poder decisorio, tiene facultades de colegislador y conduce las relaciones internacionales.
El nuevo texto fundacional será consensuado entre los 155 integrantes de la Convención, cuya mayoría es de independientes con afinidades de izquierda y sin experiencia en cargos públicos. Como ningún grupo ostenta la mayoría de un tercio, que otorga poder de veto, todos se verán obligados a alcanzar acuerdos. Una diversidad que, al mismo tiempo, alimenta el temor de que se eternicen las discusiones y el texto no cumpla con la expectativa.
CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS
LEG