La Asociación Guardianes de la Sierra de San Miguelito y Comuneros de San Juan de Guadalupe del estado de San Luis Potosí acusaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de solapar presuntos actos de corrupción, y entregar un espacio natural de más de dos mil hectáreas a empresarios inmobiliarios para realizar construcciones de lujos, y despojar de su patrimonio a cientos de comuneros, en detrimento de la palabra empeñada del Presidente para proteger esta Sierra.
De acuerdo con el senador de Morena, Elí César Cervantes Rojas, la Semarnat ha mostrado falta de interés en el cuidado de estas áreas naturales, “que están en peligro de sucumbir ante la voraz ambición de los desarrolladores inmobiliarios con ayuda de grupos políticos y económicos”.
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Ante ello se comprometió a buscar que las má de dos mil héctareas de la Sierra de San Miguelito en SLP se incluyan en el Proyecto del Área Natural Protegida.
Denunció que en los últimos años la Sierra de Guadalupe se ha visto acorralada por el proyecto denominado “Las Cañadas” de la Inmobiliaria Espacios en el Horizonte, y este domingo se tiene contemplada una asamblea comunal para validar la entrega de más de dos mil hectáreas a estos corruptos empresarios, con lo que se violaría el artículo 26 de la Ley Agraria.
En tanto, Edwin Michel Hernández Piña, integrante de la Asociación Guardianes de la Sierra de San Miguelito, acusó de traición a la titular de Semarnat, María Luisa Albores González, pues el 24 de mayo de 2019 el presidente de la República en la Plaza de las Armas, dio la indicación para que se hiciera un estudio y convertir la Sierra de San Miguelito en un Área Natural Protegida.
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“Esta área es fundamental para la captación de agua ya que es una zona de recarga, del acuífero de la cual se abastece a los potosinos, es una zona que tiene especies endémicas de plantas y animales. Tiene varios tipos de protección, una municipal desde 2003 como Área Paisajística y de Recarga. Es un espacio histórico de gran valor que podría ser privatizada”, explicó Hernández.
Ante ello, hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para evitar que se entreguen las más de dos mil hectáreas a estos empresarios y si es un delito el ecocidio que se está permitiendo que se castigue. Además, solicitó a la Procuraduría Agraria que no se presente a validar esta acción ilegal, así como al Senado a citar a comparecer a María Luisa Albores para que dé una explicación detallada.
LV