La “Directriz de Emergencia para el bienestar del Consumidor de Gas Licuado de Petróleo” con que el Gobierno pretende establecer un precio tope de venta al público, más parece una ocurrencia que una estrategia afinada.

De entrada, el control de precios nos remite a los años setentas; el Gobierno ha querido regular, sin lograrlo, el precio de las tortillas y de las gasolinas, entre otros.

Ha fijado precios de garantía para los granos básicos y el campo sigue más abandonado que hace algunos años.

En el tema de la regulación del precio del gas, como está planteada la Directriz, que en realidad es una orden para que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) presente en un plazo de 72 horas -ya pasaron 24-, una metodología para determinar el precio de venta al consumidor final.

Los precios fijados y la metodología tendrán una vigencia de 6 meses.

Sucede, empero, que si se cumpliera esta directriz, fácilmente sería impugnada ante los juzgados por las empresas afectadas debido a que éste no es el mecanismo legal para la fijación de un precio tope.

Ayer, la Comisión Federal de Competencia Económica, aclaró que la Directriz de Gobierno viola diversas disposiciones legales.

La Cofece inició una investigación el 31 de mayo para determinar si existen o no condiciones de competencia efectiva en el mercado del gas licuado de petróleo (LP).

La CRE no puede fijar precios máximos hasta en tanto la Cofece no concluya que no existen condiciones de competencia en el mercado, de acuerdo a la Ley de Hidrocarburos (LH).

La Comisión explica que el artículo 82 de la LH menciona que los precios de las actividades de expendio al público de gas LP se determinarán conforme a las condiciones de mercado.

Por su parte, el artículo 77 del Reglamento de las Actividades a las que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos menciona que la distribución no vinculada a ductos de gas Licuado del Petróleo no estará sujeta a la regulación de precios, salvo determinación en contrario de la Cofece.

Conocemos del desdén de este Gobierno por las decisiones de los organismos autónomos; nadie discute que se trate de buscar el beneficio mayor para la población, pero buscarlo por sobre las leyes solo traerá más enojo y desencanto…y probablemente desabasto.

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Morena no puede consensuar la aprobación para un periodo extraordinario de sesiones porque dentro de la Comisión Permanente la bancada está dividida.

Por una parte, están quienes argumentan que no se debe desaforar al diputado Mauricio Toledo por la sencilla razón de que fue Morena quien lo propuso para la reelección -que ganó- aún cuando ya se había iniciado el proceso para desaforarlo.

La decisión de hacerlo repetir como diputado fue de Mario Delgado y Citlalli Hernández, quienes repartieron las candidaturas.

Del otro lado están quienes piden el desafuero -junto con el diputado Saúl Huerta- no solo porque los argumentos que presentó la Fiscalía de Justicia de la CDMX son sólidos sino porque no quieren “lavarle la cara’’ ni Delgado ni a Hernández.

Y así, como no queriendo, entre los reclamos de la oposición y los pleitos internos, el periodo extraordinario se va alejando.

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Luego de que la calificadora Moody’s bajara la calficación de Pemex a A3.mx/Ba3 en escala nacional y global, colocando casi a nivel de basura los bonos de la empresa productiva del Estado, la petrolera mexicana apeló dicha decisión.

Pemex acusa que la calificadora no tomó en cuenta el soporte financiero de parte del Gobierno federal -que está pagando la construcción de Dos Bocas y la compra de Deer Park- ni los resultados positivos del último año.
La calificadora no respondió a la comunicación de la petrolera.

LEG