En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estalló una crisis institucional y de legalidad. Cinco de siete magistrados determinaron la remoción de José Luis Vargas Valdez como presidente del órgano electoral, quien advirtió que la separación del cargo solo puede ser por renuncia.
Iniciará una guerra de alto perfil, porque el destituido buscará aferrarse a la presidencia que hasta ayer ostentó. Tiene el apoyo de la magistrada Mónica Soto, pero parece haber perdido los que tenía en Palacio Nacional.
De no ser así, los cinco “rebeldes” difícilmente se hubieran atrevido a tomar una decisión de esa naturaleza, sobre todo cuando el Tribunal tiene que desahogar las impugnaciones de las elecciones federales y estatales del pasado 6 de junio.
Janine Otálora, Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Fuentes Barrera e Indalfer Infante eligieron, inmediatamente después, al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón como presidente de la institución.
Los conflictos en el TEPJF obstaculizaban los asuntos jurisdiccionales por una presidencia que creyó que tenía el monopolio de los tiempos y los asuntos que el Tribunal tiene la facultad de desahogar.
En su soberbia, Vargas Valdez llamó “manada” a los magistrados que no votaban con él, lo que generó todavía más conflictos al interior del edificio de Carlota Armero. Desde la instalación de la actual Sala Superior ha polarizado los trabajos y el ambiente institucional.
El hasta ayer presidente del órgano electoral está inmerso en la polémica, no solo por su desempeño al frente del órgano judicial, sino también por las denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera por supuesto enriquecimiento ilícito. Vargas se encuentra en el ojo del huracán.
Cada vez se reducía más su margen de acción, por una actitud que ofendía a sus pares y por su intención de siempre imponer sus decisiones.
En la sesión de ayer, Felipe de la Mata Pizaña pidió entrar al debate del desempeño y funciones del presidente del Tribunal. Vargas Valdez, en oposición, acusó que se trata de un “golpe de Estado”. Se negó a poner a discusión el tema y decretó de manera unilateral un receso.
No hubo diálogo para solventar el conflicto interno y la magistrada Janine Otálora, en su calidad de decana, asumió la presidencia del Tribunal Electoral, tan solo para encabezar la destitución de Vargas.
El Tribunal es un hervidero. ¿Quién pondrá orden? Vargas es insostenible, no solo por su desempeño, sino por las acusaciones e investigaciones que hay en su contra.
Se aferrará, a través de procesos legales, a la presidencia, a menos de que desde Palacio Nacional llegue la orden para que su separación sea definitiva.
Si las investigaciones de la UIF en su contra son sólidas, no podría poner objeciones, aunque ha negado sistemáticamente que haya irregularidades en su patrimonio personal y familiar.
Habrá que estar atentos a lo que hoy diga el presidente López Obrador.
@maurijua