Ya lo decía desde el año pasado el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, el hecho de que “las empresas quieran “ahorrarse” el pago de cuotas obrero-patronales, aún durante la pandemia, puede significar la vida o la muerte”. Ahora imagine el nivel de riesgo al que se enfrenta un trabajador que se quede sin derecho a la salud, a pesar de laborar para una proveedora del Gobierno federal en áreas dedicadas a la limpieza.

Resulta que en una solicitud de investigación, enviada desde inicio de año a las oficinas que ahora lleva Rogelio Ramírez de la O en la Secretaría de Hacienda, se enlista a Cleanium, Servicios y Sistemas Institucionales, Aseo Privado Institucional, Comercializadora Morelos, Limpieza Jored y Servicios Inmobiliarios Iroa, con irregularidades.

Asimismo, respecto a Aseo Privado Institucional se sabe que no coinciden los empleados que tiene en operaciones con los que ha inscrito en el IMSS. Por ejemplo, en mayo pasado, los convenios con recursos públicos de esta firma sumaban unos cinco mil afanadores comprometidos, pero su registro obrero-patronal sólo reflejaba a poco más de tres mil.

Así, resalta que en últimas fechas el propio IMSS haya informado que quienes busquen ser proveedores de la administración pública federal, centralizada y paraestatal deberán demostrar que se encuentran en regla con el fisco, que han cubierto sus cuotas obrero-patronales, que han afiliado a toda su planilla, y comprobar que no tienen créditos fiscales vigentes.

Aunado a ello, Aseo Privado Institucional, Tecnolimpieza Delta, Joad Limpieza y Servicios Inmobiliarios Iroa, también fueron señaladas por signar con sobreprecio un acuerdo por 520 millones de pesos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que dirige Jesús Rosano García.

Luego de esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó indagar a las empresas y sus accionistas, algunos de ellos, inclusive, han sido vinculados a compañías que obtuvieron considerables contratos en años previos, como por ejemplo, Grupo Relissa Servicios Corporativos, la cual es recordada por quedarse con un millonario acuerdo en el ISSSTE, de Luis Antonio Ramírez, aún, cuando habría anotado como domicilio el de una bodega deshabitada en el Estado de México.

Preocupan datos del CONEVAL

Algo no está funcionando bien al interior de la política económica y social del Gobierno, por lo menos en lo que a pobreza se refiere, con las cifras dadas a conocer ayer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y que son contundentes. Entre 2018 y 2020 el porcentaje de mexicanos en situación de pobreza creció dos puntos porcentuales, de 41.9% a 43.9% lo que significa que hoy tenemos 3.8 millones de personas más en situación precaria.

Es verdad que la pandemia golpeó severamente a nuestra economía, pero también es cierto que poco o nada se hizo para mantener, hasta donde fuera posible, la generación de empleo a través de una política de apoyo a la pequeña y mediana empresa lo que terminó por impactar a millones de familias.

Las cifras dadas a conocer por el CONEVAL eran previsibles desde que hace unos días se dio a conocer la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares presentada por el Inegi en donde se reveló que en ese mismo periodo de tiempo (de 2018 a 2020) el ingreso de los hogares reportó una caída de 5.8%. Matemáticas básicas, a menor ingreso mayor pobreza.

Es cierto, macroeconómicamente tenemos un país que ha cuidado el tema de endeudamiento, pero explíquele eso a un jefe de familia sin empleo que no cuenta con lo mínimo indispensable para dar una vida digna a su familia.

Es fundamental entender que las transferencias por programas sociales ayudan, pero no son suficientes para mejorar la calidad de vida de las personas y menos para crear los cimientos para las bases de una nueva clase media. Hoy, con más pobres, aún podemos enmendar el camino, pero el tiempo se agota.

@1ahuerta