Fuerza por México (FxM) y Redes Social Progresistas (RSP) compitieron en su primera elección, no lograron el umbral de votos suficientes para retener el registro y se colocaron como los partidos con más irregularidades en sus gastos durante las pasadas campañas, por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) los sancionó, en conjunto, con 203.8 millones de pesos.

Dichas fuerzas políticas, en las pasadas elecciones, obtuvieron 2.4% y 1.7% de votación, respectivamente, por lo que el organismo electoral inició su proceso de extinción y, además, se convirtieron en los que más violaron los reglamentos de fiscalización, principalmente por el gasto de candidatos no reportado.

Resalta que Fuerza por México, en su efímera vida en el escenario político nacional, de 8 meses hasta antes de los comicios del pasado 6 de junio, se posicionó como el segundo partido -por debajo de Morena- que más irregularidades financieras cometió, por lo que el INE le aplicó multas por 102.9 millones de pesos.

A su vez, a Redes Sociales Progresistas, ligado a familiares directos de la exlideresa del magisterio Elba Esther Gordillo, las sanciones fueron por 100.9 millones de pesos, debido a las inconsistencias halladas en sus dictámenes de gastos.

Las multas aplicadas a Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas representan 55.8% y 54% de la totalidad de financiamiento público, otorgado por el INE para sus actividades ordinarias y de campaña que es de 184.4 millones de pesos para cada uno.

LA LIQUIDACIÓN

De acuerdo con el proceso de liquidación, el cual está en fase de prevención, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declare como cosa juzgada su pérdida de registro, los bienes acumulados entrarán a un proceso de remate, después del cual, junto al dinero de prerrogativas sobrante, se utilizará para pagar multas electorales, liquidar a empleados y pagar deudas a proveedores.

Ambas fuerzas políticas agotaron sus recursos durante las campañas, por lo que los 200.3 millones que el INE les aplicó de multas quedarían como una deuda, la cual se podría saldar con el remate de bienes, en caso de tenerlos; de lo contrario, su violación a las reglas de fiscalización quedará impune, pues no habrá recursos para cobrar las sanciones.

En ediciones pasadas, 24 HORAS publicó que la efímera vida de Fuerza Social por México (FSM), Partido Encuentro Solidario (PES) y Redes Sociales Progresistas (RSP) costó al erario 564.6 millones de pesos.

De acuerdo con un comparativo de este diario, con lo erogado por mantenerlos durante ocho meses, alcanzaría para otorgar una pensión bimestral a 209 mil 115 adultos mayores.

A su vez, 58 mil 813 alumnos de educación básica podrían tener garantizada por todo el ciclo escolar la beca Benito Juárez –800 pesos mensuales– con los mismos recursos que utilizaron.

Monreal pide a Corte atender a magistrado

Con el fin de lograr un acuerdo que permita el adecuado funcionamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, pidió al presidente de la Corte, Arturo Zaldívar y a los 10 ministros que integran el pleno admitir el recurso de defensa que interpuso el destituido presidente José Luis Vargas.

Mediante una misiva de seis hojas, el senador expresó su preocupación por los acontecimientos luego de que cinco magistrados electorales destituyeron a su presidente -previo a la calificación de los comicios pasados- bajo el argumento de conductas discrecionales e inconsistentes, falta de respeto a sus compañeros a quienes llamó “manada”, y cobertura incompleta de boletines de prensa, entre otros.

El también líder de la mayoría de Morena en la Cámara alta explicó que la Constitución establece mecanismos de supervisión entre poderes, así como para evitar los excesos en alguno de ellos, con respeto a su autonomía.

Lo anterior, no obstante que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, pidió al magistrado José Luis Vargas Valdez dejar la presidencia del Tribunal Electoral y, con ello, superar la crisis en esa institución.
LEG