La farmacéutica CanSino Biologics (Cansino BIO) comunicó el domingo anterior al Gobierno mexicano la conveniencia de aplicar una segunda dosis a quienes fueron inoculados con la primera.

¿Qué tiene de novedoso el asunto? Casi nada.

Todo el personal de educación -profesores, asistentes, directores, etcétera-, público y privado, fue vacunado con CanSino hace unos meses, en febrero-marzo, pensando en reiniciar el ciclo escolar venidero de manera presencial.

La farmacéutica asegura que “los anticuerpos neutralizantes (del Covid) se mantienen elevados en casi 70% seis meses después de recibir la primera dosis’’.

Una segunda vacuna “multiplicaría por ocho los anticuerpos’’, afirma el laboratorio.

Es decir, los profesores que se vacunaron en febrero y parte de marzo con CanSino, tienen ahora el 70% de anticuerpos, cuando otras vacunas de dos dosis ofrecen resistencia del 90 al 97% al virus del Covid.

CanSino BIO tomó una decisión preventiva, muy a tiempo, antes del inicio del ciclo escolar pero el Gobierno no ha dicho si acepta la sugerencia o lo toma como llamado a misa.

Coloquialmente, el balón está en la cancha del Gobierno mexicano que lo menos que podría hacer es atender la recomendación del fabricante si sigue con la idea de que la escuelas se abran el 30 de este mes “llueve, truene o relampaguee’’.

Y si el Gobierno no se ha pronunciado, tampoco lo ha hecho el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), domesticado por esta administración y sin la fuerza política para oponerse a una decisión presidencial aunque ponga en riesgo a sus dizque defendidos.

Como sea, la advertencia-recomendación está hecha.

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El magistrado Reyes Rodríguez renunció a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para dar paso a una elección ordenada en la que participen todos los miembros del organismo.

La decisión de Reyes Rodríguez es fundamental para garantizar la autonomía e independencia del Tribunal y de paso frenar los afanes injerencistas de partidos y miembros del Gobierno.

Al magistrado se le quiso relacionar como empleado del expresidente Felipe Calderón; de esa campaña comenzó una guerra para descalificarlo y para cuestionar sus eventuales fallos.

Hizo lo que tenía que hacer, sin mayores aspavientos.

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Finalmente mañana la Cámara de Diputados se erigirá como Jurado de Procedencia para eliminar el fuero a los diputados Mauricio Toledo y Saúl Huerta.

En el caso de Huerta, los 35 legisladores que conforman la Comisión Permanente votaron a favor, en el de Toledo 25 -apenas lo justo- y quedó fuera el tema del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, que tiene un amparo definitivo contra su desafuero.

Morena respetó el acuerdo tomado con la oposición la semana pasada, empujado por Ricardo Monreal, para destrabar la ratificación de los secretarios de Hacienda y de la Función Pública.
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Que un cártel del narcotráfico amenace de muerte directamente a una periodista y a varios medios de comunicación porque no le gusta el tratamiento que se le da a la información, es la cúspide del cinismo y la falta de acciones para contenerlos.

Ahora son ellos quienes pretenden dictar las reglas para manejar la información lo cual es un atentado no sólo para la libertad de expresión sino para todos los mexicanos.

Extrañamos que ni la Secretaría de Gobernación, la de Seguridad Ciudadana, o el propio presidente López Obrador salieran a condenar la amenaza.

La promesa del vocero presidencial de que “el Gobierno tomará las medidas pertinentes para proteger a periodistas y medios de comunicación’’ es una posición muy guanga.

Nuestra solidaridad total con Azucena Uresti.

LEG