@guerrerochipres

 

Algunos observadores querrán ver la causa del desarme y la paz como un inesperado punto de comunión entre actores políticos de preeminencia nacional a quienes se atribuyen, con más tinta que verdad, posicionamientos encontrados.

En contraste con ello, sugiero admitir que es mucho más universal el interés por esas causas que lo revelado por el lenguaje político cotidiano.

El flujo internacional de armas a partir del mercado libérrimo estadounidense ha llegado ilegítima e ilegalmente no solamente a los cárteles, sino también a hogares donde las meras riñas han detonado tragedias domésticas o callejeras.

De aquí que tanto el relanzamiento este lunes del programa “Sí al Desarme, Sí a la paz”, de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, como la denuncia impulsada por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, contra grandes firmas productoras de armas estadounidenses, merezcan seguimiento.

Las armas son el centro del debate. La violencia del crimen organizado, que emplea el armamento para la disputa territorial y la empresa delincuencial, y la generada por la delincuencia común es igualmente anulable por una estrategia de paz.

En el plano internacional, la cancillería mexicana dio un paso histórico al demandar a 11 empresas estadounidenses fabricantes de armas por “prácticas comerciales, negligentes e ilícitas, que facilitan el tráfico ilegal de armas a México”.

El argumento base es que más del 70% del armamento que se decomisa en nuestro país proviene de Estados Unidos. Independientemente del resultado final de la demanda civil, que puede tomar varios años, el proceso ayuda a visibilizar a uno de los actores centrales del problema: los productores.

Desde esta óptica, enfrentar el tráfico de armas —uno de los tres ilícitos más redituables del mundo junto con el narcotráfico y la trata de personas— implica la posibilidad de frenar el mercado de abastecimiento de los consumidores principales del mercado internacional, acaso el crimen organizado.

En el plano local, el Gobierno de la Ciudad de México, representado por el secretario de Gobierno, Martí Batres, reactivó ayer otro frente de prevención, el programa empujado hace dos gestiones por la actual titular de la Secretaría de Protección Ciudadana y Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, para canjear municiones y armas por dinero con la idea de desarmar hogares y barrios para proteger a todas y todos, pero en especial a niñas, niños y adolescentes que suelen ser los más heridos en incidentes domésticos que involucran armas de fuego.

El Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo, con sede en Ginebra, Suiza, identifica a México como el sexto país con mayor número de civiles armados, sólo por debajo de Estados Unidos, China, Pakistán, Rusia y Brasil, con más de 15 millones de mexicanos con un arma de fuego en casa.

El programa de la CDMX, donde participan la Sedena, la SSC, la Iglesia católica y el Consejo Ciudadano, genera expectativa para una ciudadanía deseosa de logros duraderos contra la inseguridad y las violencias.