La Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó ayer a definir el alcance y límites del fuero militar, por lo que se prevé que comiencen a establecerse las formas en que se aplicará por parte de los jueces civiles y militares.

 

Ayer el pleno de ministros discutió el caso de tres militares acusados de falsedad de declaraciones, quienes fueron acusados de sembrar pruebas en el vehículo de una persona, e implicaron a otra en el delito de posesión de marihuana, en el estado de Michoacán.

 

El conflicto competencial entre el juzgado séptimo de distrito y el juzgado militar adscrito a la Quinta Región Militar, que es el segundo a debate en el Alto Tribunal dentro de la discusión de 30 casos relacionados con el fuero militar, empezó a desahogarse en la sesión del pleno de ayer, y al concluir la sesión cinco de los 11 ministros, se habían pronunciado porque sea el juzgado de distrito, el que se haga cargo del expediente en contra de tres militares.

 

Los implicados en falsedad de declaraciones son: teniente de infantería, Clemente Hernández Jiménez, el sargento segundo de infantería, Antonio Martínez Morales y el cabo de infantería, Aníbal González Rangel.

 

De acuerdo con la acusación, los elementos del Ejército utilizaron el vehículo de Antonia Reyes Tenorio, e implicaron a Jesús Piedra Villalobos, en un delito contra la salud, al acusarlo de transportar marihuana.

 

En opinión del ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, además de que este es un asunto que se debe resolver en la justicia civil y no en la militar, es necesario que el caso se regrese al ministerio público federal, “pues la consignación seria por delitos contemplados en el Código Federal de Procedimientos Penales y se haría ante un juez de distrito”.

 

Puntualizó que a diferencia de lo establecido en el proyecto de la ministra Olga Sánchez Cordero, que también plantea regresar el caso al ministerio público “pero saltándose al juez de distrito”, lo que él propone es que un juez federal se haga cargo pero dejando a salvo su facultad para devolverle la consignación al Ministerio Público.

 

Por su parte, los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Juan Silva Meza, propusieron que dentro de este debate, se analice si en este caso aplica o no el criterio de la sentencia Radilla, y si ésta es la única modalidad que puede aplicarse en el debate sobre el fuero militar.

 

Silva Meza expresó: “esto nos lleva a bordar… respecto de cuándo y cómo podemos decantar concretamente este asunto, en cuanto al alcance material que debe tener la jurisdicción civil, o la restricción que debe tener la jurisdicción militar, en este caso concreto”.

 

Hasta ayer los únicos ministros que se pronunciaron porque el caso se quede en la justicia castrense fueron Sergio Aguirre Anguiano y Margarita Luna Ramos.