La diputada Leticia Estrada, del grupo parlamentario de Morena en el Congreso capitalino, propuso reducir la estancia de los infantes que viven con sus madres en los Centros de Readaptación Social de la Ciudad de México, es decir que permanezcan con ellas hasta los tres años y no a los seis, esto con el propósito de garantizar el bienestar y sano desarrollo de los pequeños.
La legisladora propuso adicionar una fracción al Artículo 12 y reformar los Artículos 16 y 60 de la Ley de centros penitenciarios, durante la sesión ordinaria del recinto legislativo, pues afirmó que los infantes en prisión no cuentan con las condiciones óptimas para su pleno desarrollo, y, en consecuencia, su derecho a vivir en condiciones de bienestar y sano desarrollo no se está garantizando.
“Las hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad que nacieron durante el internamiento de éstas, podrán permanecer con su madre dentro del centro penitenciario durante las etapas postnatal y de lactancia, o hasta que la niña o niño hayan cumplido tres años de edad, garantizando en cada caso el interés superior de la niñez”, expresó desde el pleno.
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Estrada enfatizó que, la iniciativa busca garantizar el derecho de prioridad atendiendo los derechos de aquellas niñas y niños que han sido omitidos durante muchos años por distintas autoridades, por ello señaló que, de acuerdo a la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la ciudad, al 24 de septiembre de 2021 existen 26 mil 382 personas privadas de la libertad, de las cuales 24 mil 771 son hombres y mil 611 mujeres.
Además, agregó que a través de solicitudes información, hasta el 1 de julio de 2019, había 10 mujeres embarazadas y 58 menores, 26 niñas y 32 niños viviendo con sus madres privadas de la libertad en el reclusorio femenil de Santa Martha.
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Por otra parte, la diputada mencionó que también solicita proveer de médicos pediatras para el cuidado, desarrollo y estancia de los infantes que viven con sus madres internas, así como celebrar convenios con la Secretaría de Salud Federal, para que se pueda canalizar oportunamente a las personas privadas de la libertad cuando su estado de salud requiera atención especializada.