Con el fin de erradicar el matrimonio infantil y la venta de niñas, el vicecoordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, propuso una iniciativa para que la Federación garantice que los usos y costumbres de las comunidades indígenas, así como los de toda la sociedad, “no socaven, limiten o violen los derechos humanos de las mujeres”.
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Asimismo, pidió erradicar cualquier práctica, “basada en tradiciones, usos o costumbres, que tenga como resultado final, la venta de niñas para contraer matrimonios forzados, o cualquier otra actividad denigrante o ilícita”.
El senador Añorve Baños, dijo que México es uno de los países con la tasa más alta de matrimonio infantil en el mundo. Según cifras oficiales, casi 300 mil niñas y niños se han visto obligados a contraer matrimonio, la mayoría de ellos vendidos a una pareja mayor.
De acuerdo con datos oficiales, el 68% de las mujeres indígenas, contrajo matrimonio entre los 9 y los 19 años.
“Lamentablemente, con estimaciones de 300 mil niñas vendidas, Guerrero ocupa el deshonroso primer lugar a nivel nacional en matrimonios infantiles forzados, alegándose los usos y costumbres como justificación”. Como ejemplo dijo que en Cochoapa, se calcula que el 97 o 98% de los matrimonios son forzados, acordados por los padres de los contrayentes y a cambio, en la mayoría de los casos, de dinero o bienes.
“Ya no podemos seguir solapando esta realidad, minimizando el sufrimiento de cientos de miles de niñas, que han sido arrancadas de su niñez y entregadas a las garras del abuso, la humillación y el abandono”, exigió.
Ante ello, propuso reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para establecer, como una obligación de la Federación, el garantizar que los usos y costumbres de toda comunidad, no atenten contra los derechos humanos de las mujeres y no sirvan como excusa para venderlas al mejor postor, para que contraigan matrimonio.
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La iniciativa aclara que “no se busca restringir el libre desarrollo de las comunidades indígenas, ni coartar el derecho constitucional de toda comunidad a poder auto determinarse, de acuerdo a sus usos y costumbres; lo único que se quiere lograr, con esta reforma, es que la federación asuma su responsabilidad de garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos de toda persona, por sobre todas las cosas”.
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