El Estado enfoca sus baterías en espiar y controlar a los familiares de la tripulación que falleció en el submarino ARA San Juan para menguar su exigencia por la verdad, en lugar de invertir en la búsqueda de la nave.
Quizás suene a la trama de una ficción… pero no lo es, sucedió en Argentina y la historia está por tomar un giro que podría cambiar el final.
A cuatro años de ese último viaje, los familiares de los 44 tripulantes que fallecieron tras el hundimiento -el 15 de noviembre de 2017-, aún presionan a las autoridades para someter a juicio las irregularidades en las labores de búsqueda por parte de la administración de Mauricio Macri, también acusado por el presunto espionaje a las familias de los caídos. El expresidente argentino comparecerá este jueves ante la justicia.
Ese día de noviembre, medios argentinos informaron la desaparición del ARA San Juan, un buque de la Armada nacional que registró su última comunicación a las 7:33 de la mañana, ocho horas después de que el comandante de la nave emitiera un reporte de incendio en la sala de baterías. La nave era un TR-1700 de fabricación alemana que sirvió desde 1985 hasta su implosión.
Las esperanzas no se esfumaron sino hasta ocho días después, cuando el informe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) dio cuenta del registro -tres horas después de su última comunicación- de una explosión en la última ubicación del submarino, lo que confirmó las sospechas.
“Nos han mentido desde el primer día, cuando desapareció el submarino y nos dijeron que solo era un problema de comunicación y después nos enteramos del incendio. Hicieron lo posible para que nunca lo encontráramos”, dijo Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes e impulsor de las denuncias contra la administración de Macri.
Pero para las familias de los caídos, aquello no se parecía en nada a un cierre. Enfocaron sus ánimos en la revelación de la verdad respecto a los hechos y la localización de los restos… en tanto, el Estado se concentraba en espiarlos y neutralizar sus demandas, pero no en esclarecer el caso.
Un año después del suceso, en 2018, fueron hallados los restos de la nave a 900 metros de profundidad. Los familiares de las víctimas ya tenían claro que habían sido puestos bajo vigilancia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) argentina… y había pruebas.
“Ellos son dueños de los relojes y nosotros somos dueños del tiempo porque, cuando a alguien le arrebatan la vida de un familiar, tiene todo el tiempo del mundo para esperar la sentencia (…) No tenemos prisa”, ha declarado la abogada Valeria Carreras, representante de familiares.
CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS
‘El kirchnerismo me quiere preso’
Mauricio Macri llega a la justicia finalmente este jueves, luego de librar una cita previa la semana pasada, cuando pidió la recusación del magistrado por supuesto prejuzgamiento y temor fundado de parcialidad, y la suspensión de la indagatoria.
El magistrado consideró improcedentes los argumentos del exmandatario, quien recientemente declaró en entrevista: “Si pudiera, el kirchnerismo me metería en la cárcel (…) ni mandé a espiar a los familiares del ARA San Juan ni a nadie en mi gobierno”.
LEG