Queda más que claro el carácter político de una iniciativa que tendría que fundamentarse en criterios económicos de largo plazo.
Durante su comparecencia ante Comisiones en la Cámara de Diputados, el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, afirmó que, si se aprueba la iniciativa presidencial de reforma al sistema eléctrico, habrá una “tarifa única para todo el país’’.
Una tarifa única es de lo más desproporcional que puede existir y solo beneficiará al segmento de mayores recursos, a menos que el techo de dicha tarifa sean los cobros más altos lo que perjudicaría a los millones de mexicanos que viven en pobreza.
Cobrar por igual a pobres y ricos sin considerar características particulares de cada región es lo peor que le podría pasar al plan de rescate financiero de la CFE.
No debe ser el mismo costo del servicio para los que viven cerca de una planta generadora que para los que viven a cientos o miles de kilómetros de ella.
Ni es equitativo ni es funcional.
Por eso la iniciativa presidencial siempre se ha visto más que como una estrategia de rescate financiero de la CFE como decisión política para ganar adeptos.
Ni Bartlett la supo explicar.
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Ayer estuvo de visita en el Senado el aún gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, lo que generó especulaciones sobre su posible regreso a su escaño.
Como sabe, Bonilla es senador con licencia; fue enviado a Baja California como súperdelegado para después hacerlo candidato y gobernador del estado.
Ahora que está por concluir su mini mandato -18 meses-, se está dando a querer.
Tiene una propuesta para incorporarse al Gobierno federal pero no le gusta estar en la CDMX; puede volver al Senado pero, según él, “no le gusta estar aplastado’’ por lo que se dice, en Palacio Nacional le están haciendo un traje a la medida para que se quede por el norte encabezando una Comisión o algo que se le parezca.
Favores son favores.
Por cierto, el otrora consentido de Palacio, Gabriel García, solicitó licencia para separarse del Senado; será enviado a Oaxaca con una misión del Gobierno lopezobradorista.
No ha dicho si va a la entidad como súperdelegado o para pavimentarle el camino al escogido(a) del Presidente para disputar la gubernatura del estado el año próximo.
Se menciona que tendría una responsabilidad federal en la construcción del tren transístmico que, por cierto, es de las obras emblemáticas de la 4T, la que más avance lleva.
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El lunes pasado ingresó a la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT, la Procuraduría Fiscal y la Fiscalía General de la República, una petición para que se investiguen los movimientos bancarios y financieros del abogado Ulrich Richter.
Versiones periodísticas lo relacionan con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, preso en Brooklyn, Nueva York, bajo acusaciones de tráfico de drogas, conspiración y declaraciones falsas.
La investigación solicitada tiene que ver con un aparente beneficio que el litigante habría obtenido de la relación personal con García Luna.
Richter fue abogado de Humberto Moreira cuando el exgobernador de Coahuila fue detenido en España, además de llevar asuntos legales del hoy prófugo Víctor Manuel Álvarez Puga, acusado por la Fiscalía General de la República de haber desviado 3,000 millones de pesos a través de contratos otorgados por el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), dependiente de la Secretaría de Gobernación durante el sexenio pasado.
Veremos en qué termina este nuevo capítulo de una novela que no acaba.
LEG
