Por diversas irregularidades y la acusación de presunto fraude, agremiados al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) han presentado en cinco días, 388 quejas ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, por las elecciones que se llevan a cabo en los seccionales.
Los distintos representantes de las planillas a las que no se les permitió participar en las elecciones de las representaciones seccionales acusaron que los procesos de votación, en los que se han visto favorecidos personajes cercanos al exlíder petrolero, Carlos Romero Deschamps, han sido “amañados”.
De esa manera, a través de la leyenda “fraude” escrita en sus respectivas boletas lograron llamar la atención de la Secretaría del Trabajo y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, las cuales a través de un comunicado han asegurado que de comprobarse las presuntas irregularidades no se procederá a la toma de nota de los nuevos líderes.
De acuerdo con el Centro de Conciliación, las elecciones deberán realizarse bajo el principio de voto personal, libre, secreto y directo de los trabajadores; por lo que, de no ser así, se establecieron mecanismos de denuncia para proteger su derecho a elegir a sus dirigentes por la vía democrática.
REVISIÓN
La autoridad conciliatoria aclaró que en el ejercicio de su libertad, las y los trabajadores del STPRM son “quienes decidirán a los dirigentes que los encabezarán en cada una de sus secciones. Las autoridades laborales federales no ponen, ni quitan, líderes como ocurrió en el pasado”.
Aseguró que las quejas se irán desahogando y este organismo estará informando de las resoluciones que ser harán “con total apego a derecho y la plataforma se mantendrá abierta durante todo el proceso electivo”.
De acuerdo con los resultados de las primeras 12 elecciones seccionales, en cuatro de ellas, ubicadas en el estado de Veracruz, hubo inconformidades ante el triunfo de los sindicalistas ligados al exlíder Carlos Romero Deschamps.
De ahí que los trabajadores acusaran la presunta complicidad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social encabezada por Luisa María Alcalde, y de su padre, el abogado Arturo Alcalde, para favorecer a los cercanos al exlíder petrolero.
LEG