En 2020, las entidades federativas adeudaron a las universidades autónomas mil 950 millones de pesos; y para 2021, aumentaron a cuatro mil millones de pesos los recursos que le deben a sus instituciones de educación superior, informó la directora general de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública, Carmen Enedina Rodríguez Armenta.
La funcionaria federal, recordó que el porcentaje de aportación que se debe otorgar por parte del gobierno federal y de los estados, para las universidades autónomas, es de 50%, respectivamente.
Sin embargo, señaló que las únicas entidades que aportaron este porcentaje fueron Sonora, Baja California, Jalisco, Tabasco, Coahuila, Quintana Roo, Estado de México. Mientras que San Luis Potosí sólo entregó nueve por ciento de recursos a su universidad y la Federación el 90%; Yucatán sólo el 10 % y Oaxaca únicamente 11.5 %.
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Por tal motivo, dijo que es fundamental que los estados implementen un plan de aportación gradual, que permita cubrir la deuda con sus universidades, cumplir con el 50% que les corresponde y así resarcir la crisis financiera en la que se encuentran.
Al presentar el Informe de Seguimiento a la Situación Financiera de las Universidades Públicas del País ante la Comisión de Educación del Senado de la República, Enedina Rodríguez también informó que las universidades de Chiapas, Morelos, Sinaloa, Coahuila, Michoacán y Zacatecas, reportaron problemas financieros que les obligó a tener un estado de crisis en 2020.
Precisó que, en 2018, las universidades en crisis correspondían a los estados de Chiapas, Tabasco, México, Morelos, Michoacán, Zacatecas, Oaxaca, Nayarit, Durango y Coahuila.
Sin embargo, se impulsaron acciones de saneamiento financiero con las universidades, varias hicieron un gran esfuerzo y realizaron modificaciones y reformas, de tal manera que para 2020, sólo seis universidades tenían un problema financiero.
Reconoció que las universidades están en crisis por elementos multifactoriales, que tienen que ver con la falta de aportaciones por parte de los estados, elementos internos, la inflación, así como el peso financiero del sistema de pensiones y jubilaciones.
La directora de Educación Superior, dijo que cuando las universidades no reciben todos los recursos que los gobiernos de los estados deben entregarles, se empieza a generar una condición de crisis.
Ante ello, consideró que desde la Secretaría de Educación se debe promover un pacto donde se les destinen recursos para hacer una gran transformación de la educación superior, y se cuente con los recursos suficientes para realizarlo, “pero necesitamos que las universidades cumplan con ciertos elementos”.
Expresó que se respeta la autonomía de las universidades, “pero debe haber conciencia de parte de estas instituciones y revisar el tema de la crisis financiera de manera estructural”.
Al respecto, la senadora del PRI, Beatriz Paredes Rangel advirtió que la crisis de las universidades es profunda y multifactorial, por lo que dijo que se requiere de un replanteamiento estructural de rescate y, consideró necesario llevar a cabo una negociación central y articulada con el Gobierno de la República, para que haya una aportación muy seria a las universidades, que les permita no depender del “goteo de recursos”.
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Por su parte, la senadora de Morena, Blanca Estela Piña Gudiño, afirmó que la crisis que vive el país, producto de la pandemia, provocó que aumentara a cuatro millones el número de desertores escolares.
En su oportunidad, la senadora Guadalupe Saldaña Cisneros, del PAN, agregó que es necesario poner énfasis en el tema de la optimización de recursos, “pues representa un asunto complicado, porque queremos que se les apoye a las universidades, pero también se requiere de responsabilidad en el manejo de los recursos”.
La senadora María Graciela Gaitán Díaz, del PVEM, agregó que la mala administración de muchos rectores que estuvieron o que están al frente de las universidades, también es un factor que contribuye a seguir arrastrando problemas financieros graves.
LDAV