En cuatro de los seis estados en los que habrá cambio de gobernador este año, Morena presenta cuarteaduras que podrían acabar con el sueño de ganar por lo menos cinco.
La falta de tacto político, la soberbia y una nula operación cicatriz provocaron que, en los estados de Durango, Oaxaca, Quintana Roo y Aguascalientes -este estado de manera más discreta-, los precandidatos perdedores impugnaran el proceso de selección que, según Mario Delgado, ha sido el más transparente.
En el caso de Aguascalientes, por ejemplo, quien punteaba las encuestas fue Arturo Ávila Anaya, con un porcentaje de reconocimiento del 48.5% según las encuestadoras contratadas.
Sin embargo, por una cuestión de género, la candidatura fue entregada a Nora Ruvalcaba Gámez, con un nivel de reconocimiento del 32%, muy por debajo del puntero.
Caso similar a lo que ocurrió en Durango, donde el puntero en las encuestas fue el senador José Ramón Enríquez Herrera, pero, otra vez por una cuestión de género, la candidatura fue otorgada a Marina Vitela, alcaldesa de la capital con licencia.
En el caso de Quintana Roo, estaba cantada desde hace meses la designación de la presidenta municipal de Cancún, Mara Lezama, lo que en términos prácticos representa la escrituración del estado al Partido Verde.
Obviamente el Verde tendrá que pagar con votos la graciosa concesión.
En Oaxaca se decidió por el senador Salomón Jara, un oficioso legislador que hizo todo lo posible por congraciarse con López Obrador; su candidatura sorprendió a los propios morenistas que veían a Susana Harp ya de gobernadora.
No pasó así porque la cuota de género se había cubierto ya con Durango, Aguascalientes y Quintana Roo.
Todos los perdedores impugnaron el proceso, pero son patadas de ahogado.
Hasta el momento, ninguno, salvo la también senadora por Quintana Roo, Marybel Villegas, ha anunciado su decisión de abandonar el partido presidencial.
Pero ahí quedan los enojos, las frustraciones y las heridas políticas abiertas a la espera de un operador eficaz o de las propuestas de otros partidos.
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El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, informó temprano por la mañana que había dado positivo a Covid-19.
Sin embargo, el domingo pasado convivió con niños y adultos sin usar cubrebocas o mantener la distancia a pesar de que, suponemos, ya presentaba algunos síntomas.
Si no es así, ¿por qué se haría la prueba?
Pese a ello, el diputado siguió con el pleito personal que ya trae desde que era representante de Morena ante el INE, con el presidente del Instituto, Lorenzo Córdova.
Este había declarado al periódico El País, que había una persecución judicial en contra de quienes “pensaban diferente’’ al Gobierno.
Gutiérrez aseguró que Córdova “se victimiza’’ pues no se persigue a los consejeros electorales que votaron a favor de posponer la consulta de revocación “por pensar diferente’’.
La denuncia penal en contra de los seis consejeros que votaron a favor del aplazamiento fue por “acciones legales premeditadas y dolosas que implicaron una violación a una suspensión de la Suprema Corte’’.
Mmmm, ¿que no la suspensión se dictó después del aplazamiento?
Como sea, Gutiérrez retiró su demanda, pero esta sigue su curso pues se persigue de oficio y será la Fiscalía General de la República la que decida si se continúa con la investigación o no.
Y mientras Gutiérrez se aísla, el INE sigue recibiendo apoyo de organismos electorales de otros países que ven lo que el solicito legislador quiere tapar con un dedo: que se pretende acabar con una institución que no se ha doblegado a los apetitos presidenciales.
LEG