La justicia de Perú prohibió este viernes salir del país durante 18 meses a cuatro directivos de la petrolera española Repsol mientras avanzan las investigaciones por el derrame de crudo en el mar el 15 de enero.
Tras la decisión, en Madrid la compañía petrolera garantizó que continuará “cooperando plenamente” con la justicia peruana y dijo que su principal preocupación es la “limpieza del medio ambiente”.
El derrame de unos 6.000 barriles de crudo, calificado como “desastre ecológico” por el gobierno, ocurrió mientras el buque tanque “Mare Doricum”, de bandera italiana, descargaba en la refinería de La Pampilla en Ventanilla, 30 km al norte de Lima, de propiedad de Repsol. La empresa atribuyó el accidente al oleaje causado por la erupción volcánica en Tonga.
Ayer estuvimos frente a la sede de @Repsol junto a @c_kuntur para exigir responsabilidades por uno de los mayores ecocidios en las costas de Perú.#RepsolHazteCargo #RepsolMata pic.twitter.com/AItp0YAULr
— #StopISDS (@NOalTTIP) January 28, 2022
“Se declara fundado el requerimiento de la fiscalía”, dijo el juez Romualdo Aguedo en una audiencia virtual, al dictar la orden para prohibir la salida de los cuatro directivos, entre ellos el presidente de Repsol Perú, el español Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena.
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La mancha negra de crudo ha sido arrastrada por las corrientes marinas a unos 140 km al norte de la refinería, según la fiscalía, provocando la muerte de una cantidad indeterminada de peces y aves marinas.
Además, dejó sin trabajo a cientos de pescadores artesanales, que han protagonizado protestas contra la compañía española.
El “Mare Doricum” ahora está fondeado, con prohibición de zarpar, a unas seis millas del puerto del Callao, contiguo a Lima, mientras cientos de brigadistas limpian el crudo en una veintena de playas.
Estoy en Perú, no hay un solo centímetro de agua que no tenga petróleo en la zona del derrame ocasionado por @Repsol el daño es irreversible, empresas trasnacionales que se enriquecen en países latinoamericanos y no dan la cara de frente a la catástrofe. Pronto subiré un video. pic.twitter.com/cieqs96Pwo
— Arturo Islas Allende (@arturooislas) January 24, 2022
– Disposición a colaborar con la justicia –
“Continuaremos cooperando plenamente con cualquier investigación criminal, como ya lo estamos haciendo con la investigación preliminar en curso”, indicó Repsol en un correo electrónico enviado a la AFP en Madrid.
“Nuestra principal preocupación es la limpieza del medio ambiente. Repsol está poniendo todos sus esfuerzos en los trabajos de limpieza con la máxima rapidez para avanzar en la limpieza de las zonas afectadas”, agregó la empresa.
El jefe de Repsol Perú será investigado por la fiscalía como presunto “autor” del delito de “contaminación del ambiente en agravio del Estado” peruano, y los otros tres directivos como “cómplices”.
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La ley peruana tipifica penas de entre cuatro y seis años de prisión para este delito, indicó la fiscal Rosa Gonzales en la audiencia, iniciada el jueves y cerrada este viernes con la resolución del juez.
Los coacusados son los peruanos Renzo Alejandro Tejada Mackenzie (jefe del terminal marítimo 2 de la refinería La Pampilla), Gisela Cecilia Posadas Jhong (gerente de Calidad y Medio Ambiente) y José Gregorio Reyes Ruiz (gerente de Seguridad).
El desastre de #REPSOL en Perú, una de las compañías de energía que más contaminan el medio ambiente, hoy evade su responsabilidad. #ReformaElectricaVa
— Jose Rinconi (@PepeRinconi) January 28, 2022
Los abogados de los cuatro directivos no impugnaron la solicitud de la fiscalía en la audiencia y afirmaron que sus clientes están dispuestos a colaborar con la justicia, en línea con lo que dijo poco después Repsol en Madrid.
Fernández-Cuesta es un economista que trabaja para Repsol desde 2010 y dirige la filial de Perú desde hace tres años. Reyes es un ingeniero químico con 23 años en Repsol, mientras que Posadas es licenciada en química con 15 años en la compañía y Tejada es oficial de marina mercante.
“Se pueden advertir indicios fuertes de que se han contravenido las normativas […] que exigen a la empresa Pampilla SAC cumplir con los mecanismos de seguridad y contención para haber evitado los resultados que son de público conocimiento”, dijo la fiscal Gonzales el jueves al justificar su pedido en la audiencia.
La fiscalía afirmó asimismo que “es necesario” indagar eventuales responsabilidades de funcionarios de instituciones públicas que fiscalizan operaciones marítimas y petroleras, entre ellas la Dirección de Capitanías de Puertos de la Marina de Guerra.
También a funcionarios del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que depende del Ministerio del Ambiente, y al ente técnico supervisa las inversiones en energía (Osinergmin).
klcg