La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) disminuyan los alcances constitucionales de la consulta de revocación de mandato, sin incurrir en responsabilidad penal o administrativa ante la falta de presupuesto.
En los estrados electrónicos de la Corte se publicó un proyecto de resolución del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, la cual señala que el Instituto deberá organizar el ejercicio con los recursos que tenga disponibles.
A su vez, otorga a los consejeros electorales una suspensión definitiva e inmediata ante cualquier responsabilidad penal o administrativa por los acuerdos y modificaciones que realicen para cumplir con la realización del revocatorio.
Fuentes del Instituto Nacional Electoral señalaron a 24 HORAS que la publicación de dicha resolución en los estrados de la Corte representa el fin de la controversia que impulsaron por la falta de presupuesto, por lo que tienen protección ante cualquier decisión que tomen para modificar los alcances del revocatorio.
Los 11 integrantes del Consejo General tienen una denuncia abierta ante la Fiscalía General de la República por supuestamente negarse a acatar la Constitución y realizar la revocación, cuyos efectos tendrán que suspenderse de inmediato.
Al respecto, la publicación de la Corte señala que tienen la protección contra cualquier acto penal o administrativo en cuanto sus decisiones sobre la revocación.
Sobre el tema presupuestal, la Corte ordena al organismo que realice la consulta “de la forma más eficiente, tanto lo permite el presupuesto que tiene programado”, cuyo monto actualizado es de mil 580 millones de pesos.
VALIDAN PREGUNTA
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó la papeleta y pregunta que se utilizará en la consulta de revocación de mandato, la cual fue calificada como “complicada” por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante su sesión de este miércoles, por cinco votos contra dos, el tribunal rechazó el proyecto de la magistrada Janine Otálora, el cual pretendía modificar la boleta para el ejercicio que se realizará el próximo 10 de abril.
LEG