Más que la enorme participación de la sociedad civil en el Space de Twitter realizado el viernes pasado en desagravio del periodista Carlos Loret de Mola, sorprendió el silencio de todo el gabinetazo sobre el escándalo desatado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ni una palabra de ningún miembro del gabinete legal o ampliado que respaldara la embestida del Presidente en contra del comunicador.

Las interpretaciones pueden ser muchas.

Desde un acto primitivo de sobrevivencia política hasta un desacuerdo callado, una reprobación interna pero que por precaución no se puede externar.

Claro que hubo simpatizantes del lopezobradorismo que quisieron salir en su defensa, como Antonio Attolini, que se conectó al evento de Space y terminó reconociendo que el Presidente mintió.

Después se le cayó el internet.

El fin de semana fue un festín para quienes celebraron la inusitada participación de la sociedad civil en defensa, se dijo, no solo del periodista sino del derecho a la libertad de expresión y en contra del abuso de poder para lanzar amenazas.

El debate lo perdieron el Presidente y sus seguidores; por lo menos 4 hashtags criticando la revelación de los presuntos ingresos de Loret y pidiendo que José Ramón López Beltrán publicara los suyos.

Pero eso no pasó, no ha pasado desde hace 18 días y parece que no pasará, a pesar de que López Obrador dijo que seguramente saldría a aclarar la renta de la casa gris en Houston “porque ya está grande’’.

El único que se atrevió a opinar sobre el tema fue Ricardo Monreal quien, pragmático como es, dijo que a nadie conviene el pleito entre Gobierno y periodistas.

Pero fuera de él, nadie, ni el muy comedido paisano del Presidente, el secretario de Gobernación Adán Augusto López o su alumna y “corcholata’’ preferida, Claudia Sheinbaum, que legalmente no forma parte del gabinete pero formalmente ahí está.

Hoy se sabrá cómo interpretó López Obrador la reacción de la sociedad civil y si seguirá adelante en este pleito personal con Loret.

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El presidente López Obrador propuso legalizar ayer el delito de toma de casetas.

No es que vaya a enviar una iniciativa de ley, solo que hizo la propuesta para que el Gobierno pague –sí, leyó bien-, pague a los tomacasetas para que ya no lo hagan.

Incluso le pidió al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, investigar cuánto obtienen los tomacasetas para que el Gobierno les entregue ese dinero “para obras’’.

La toma de casetas por cualquier pretexto se ha convertido en un negocio de grupos delincuenciales, mezclados con supuestas demandas sociales.

En la caseta de Ecatepec, por ejemplo, los grupos hasta se turnaban para extorsionar a los automovilistas.

Recientemente, se desató una polémica porque la Guardia Nacional por fin -por fin- retiró de la caseta de Palo Blanco, en la autopista México-Acapulco, a los supuestos estudiantes de Ayotzinapa.

El mismo Presidente declaró que delincuentes estaban infiltrados en los grupos de normalistas que casi a diario secuestran autobuses, camiones repartidores y lo que se les atraviese.

¿Ahora les quiere pagar para que no cometan ese delito en vez de combatirlo?

Es el mismo razonamiento que esgrimió para entregarles dinero a los jóvenes que se adherían a la delincuencia organizada, con los resultados de sobra conocidos.

No es por ahí el tema, pero en política siempre, siempre se ha dicho que “lo que puedas resolver con dinero te sale barato’’.

El problema es que no se resuelve nada.

LEG