La LXVI Legislatura de Veracruz aprobó la permanencia del delito de ultraje a la autoridad en la ley penal estatal que amerita prisión preventiva con penas que van de seis meses hasta siete años.
El dictamen fue avalado, en la sesión extraordinaria de este domingo en el Congreso veracruzano, con 33 votos a favor, 15 en contra -entre ellos los del Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano– y una abstención y solo derogar las fracciones II y IV de dicho artículo.
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“Quedan derogadas dichas fracciones, relativas a los supuestos del tipo penal en cuanto a que se realice por medio de cualquier tipo de violencia contra la víctima o a través de cualquier otra circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa o protección del sujeto pasivo o lo ponga en condiciones de riesgo o desventaja” detalla un comunicado de la Legislatura local.
PROTEGE EL ORDEN PÚBLICO, ARGUMENTA LA 4T
Precisa que la Comisión juzgó pertinente conservar el delito de ultrajes a la autoridad en la ley penal estatal, “en razón de que protege el orden público y no representa una carga arbitraria y desmedida para los gobernados”
Seguirá vigente lo dispuesto en el artículo 331 en el Código Penal de Veracruz, que advierte que “se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de diez a 40 veces el valor de la unidad de medida y actualización diaria, a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”.
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Las penas de cinco a siete años de prisión, cuando la agresión se realice “por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió, a finales de enero, la recomendación 146/2021 para derogar el artículo 331 del Código Penal veracruzano y, con ello, desaparecer el delito de ultrajes a la autoridad.
LEG