Europa lo está viviendo. Por décadas los europeos construyeron modelos de ‘estado de bienestar’ que se convirtieron en la envidia de naciones desarrolladas en otras latitudes, incluyendo a los sectores progresistas de Estados Unidos.
Durante estos años los presupuestos públicos destinados a la protección del trabajo, a los subsidios para el desempleo, a las transferencias de corte social, a las pensiones y a los gastos para la seguridad y asistencia social, crecieron impulsados por las poderosas organizaciones sindicales y por un modelo de gobernanza basado en la responsabilidad del Estado por el bienestar de los ciudadanos.
Todo eso suena maravilloso, funcionó bien y se convirtió en un modelo que se exportó a todo el mundo.
Pero los europeos olvidaron un detalle: que esta construcción infinita y cada más exigente del estado de bienestar –hay que ver las recientes exigencias de los sindicatos sobre una menor cantidad de horas laborales, de una edad más temprana para jubilarse, etc- tenía que ser financiada o, de lo contrario, estaba destinada a quebrarse. Y esto último ha ocurrido ya en algunos países europeos que enfrentan problemas en sus finanzas públicas.
Y es que los paraísos hay que financiarlos o durarán muy poco.
Lamentablemente en México esta lección aún no ha sido aprehendida por las élites políticas, a pesar de las crisis de años pasados.
Año con año el presupuesto público federal ve crecer sin sosiego los recursos destinados a subsidios, transferencias, pensiones o asignaciones directas a programas y dependencias en materia de protección social y 2012 no será la excepción.
Los recursos para pensiones, por ejemplo, crecerán 17.3% real en 2012 respecto a 2011. Los subsidios aprobados en general van a crecer 8.8% el próximo año, es decir 2.5 veces más que el crecimiento esperado para la economía en su conjunto.
Y como ocurrió con los europeos, todo este incremento en el gasto presupuestario tiene probablemente una buena justificación y más aún tratándose de incrementos destinados a cubrir añejas demandas sociales o viejos (o convenientes) compromisos políticos. Pero ése no es el punto ahora.
El asunto es que todo este cúmulo de compromisos adquiridos vía el presupuesto público –para 2012 asciende a 3.7 billones de pesos- debe ser financiado sustentablemente. Y es allí en donde la lección no se ha aprehendido.
Nuestra élite política y gobernante ha sido ‘generosa’ en asumir compromisos de gasto –lo cual no quiere decir ‘eficiente’ ni ‘eficaz’- pero bastante irresponsable en diseñar e implementar políticas y estrategias duraderas para financiarlos.
El camino más saludable para financiar el gasto es a través de un crecimiento económico sostenido y allí las trabas políticas para cambios estructurales en la competitividad de la economía, han sido determinantes. La otra vía, la de una reforma fiscal y hacendaria a fondo, ha sido detenida en el Congreso desde hace ya tiempo. Todo ello hace que el financiamiento del creciente gasto público sea estructuralmente endeble.
En pocas palabras, es peligroso construir paraísos sin financiamiento sustentable, porque tarde o temprano se tendrá que pagar la cuenta.
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