Un lavado de imagen impulsado por el “espíritu de servicio” de la Casa Real española fue puesto en marcha esta semana. Primero, su majestad, el rey Felipe VI, decidió este lunes hacer público su patrimonio; luego, ayer se aprobó que la Casa Real sea auditada por el Tribunal de Cuentas, órgano estatal que fiscaliza las operaciones de los entes públicos y tendrá acceso a contratos, presupuesto e incluso un inventario de los regalos que reciba la Corona, según el decreto aprobado este martes por el gobierno.
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Es decir, la Casa del Rey dejará de ser un organismo imposible de fiscalizar para las principales instituciones de control del Estado. Además, los altos cargos que trabajan en el Palacio tendrán que declarar su patrimonio en el momento del nombramiento y del cese, igualándolos a los demás altos funcionarios del Estado.
“Su Majestad el Rey, guiado por ese mismo espíritu de servicio y compromiso cívico, añade hoy a sus responsabilidades constitucionales su decisión personal de hacer público su patrimonio, que asciende a la cantidad de 2.5 millones de euros”, se informó sobre los bienes reales.
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Ascendido al trono en 2014, tras la abdicación de su padre, la decisión del rey Felipe VI llega después de que la fiscalía española anunciara a comienzos de marzo el archivo de todas las investigaciones contra el rey emérito Juan Carlos I, que en 2020 le llevaron a trasladarse a Emiratos Árabes Unidos.
Felipe VI empezó su reinado prometiendo una monarquía íntegra y transparente. Ordenó una auditoría a las cuentas de la Casa Real y publicó un inédito código de conducta para sus miembros. En 2020 renunció a la herencia de su padre y a su asignación anual.
OH