Al asegurar que Morena no tiene una estrategia para frenar la ola de violencia que azota a todo México, el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) Julen Rementería lamentó que la prioridad del partido en el gobierno sea proteger criminales.
“Este gobierno se preocupa más por cuidar los derechos humanos de los delincuentes que en perseguirlos”, lamentó, al tiempo que rechazó los dichos del presidente López Obrador de que también se deben cuidar las vidas de los delincuentes.
“Son hasta un insulto para las mujeres y hombres que forman parte de las fuerzas armadas del país, que a diario arriesgan su vida”, sostuvo.
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El senador por Veracruz, lamentó que México haya superado los 100 mil desaparecidos, 31 mil de ellos en lo que va del sexenio de López Obrador.
“Esto es una crisis humanitaria, cien mil familias que viven en la desesperación, en la incertidumbre y el dolor”, alertó.
Dijo que en Veracruz, de acuerdo con cifras oficiales, hay 5 mil 736 desaparecidos, lo que ubica al estado en el quinto lugar nacional, pero el Colectivo Solecito afirma que hay más de 20 mil veracruzanas y veracruzanos a las que sus seres queridos todos los días los buscan, aunque no hayan denunciado su desaparición, señaló.
“Veracruz está reprobado en la aplicación de la ley. No lo digo yo, lo dice la organización internacional World Justice Project: Veracruz ocupa el lugar 30 a nivel nacional en justicia penal y el lugar 23 en Estado de Derecho”, subrayó.
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Relató que, a una semana del asesinato de dos reporteras en Cosoleacaque, Veracruz, la Fiscalía General del Estado anunció que había detenido al presunto homicida; sin embargo, el supuesto homicida era un estudiante, repartidor en moto de Xalapa, que en el día y hora de los asesinatos, estaba trabajando a 390 km de distancia del lugar de los hechos.
“La Fiscalía procedió contra él, lo detuvo, por llevar el mismo nombre que el supuesto agresor. Una pifia, una violación franca a sus derechos humanos a la que quieren poner punto final con un usted disculpe”, y expresó su preocupación de que esta sea una constante en el proceder de la Fiscalía y como el joven no es un delincuente, esos derechos humanos no importan.