Madrid. El Gobierno español aprobó hoy una nueva reforma del sector financiero, exigida por Bruselas para recibir la ayuda a la banca, que contempla segregar los activos tóxicos de las entidades en un “banco malo” y abre la puerta a la liquidación de entidades inviables.

 

La reforma, que es la tercera aprobada por el ejecutivo conservador de Mariano Rajoy en ocho meses de mandato, eleva, además, los requisitos de solvencia de las entidades bancarias, del 8 al 9 %, un porcentaje que hasta ahora sólo se exige a los cinco grandes bancos (Banco Santander, BBVA, Banco Popular, La Caixa y BFA-Bankia).

 

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó al presentar en conferencia de prensa esta reforma, que es una necesidad nacional, imprescindible para que se recupere el crédito y la financiación tan necesario para las pymes.

 

La reforma es una exigencia de Bruselas para otorgar hasta 100 mil millones de euros de ayuda a la banca y da amplios poderes al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que pasará a estar controlado por el Gobierno.

 

Sáenz de Santamaría sostuvo que la reforma culmina el saneamiento del sector financiero con el fin de impulsar el crecimiento económico y el empleo, así como dinamizar el sector inmobiliario para que las entidades bancarias puedan sacar a la venta el gran “stock” de viviendas que tienen en sus manos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.

 

Por su parte, el ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró, en la misma conferencia de prensa, que el objetivo de esta reforma financiera es que sea uno de los “elementos fundamentales para salir de la crisis y que no cueste un euro al contribuyente”.

 

También se aumentará la protección de los inversores minoristas para evitar que se vuelva a producir la comercialización inadecuada de determinados productos, como las participaciones preferentes, que fueron vendidas a miles de pequeños ahorradores que ahora no pueden recuperar su inversión.

 

Asimismo, pone coto a las remuneraciones fijas de los responsables de las entidades financieras que necesiten ayuda pública, que alcanzará como máximo 500 mil euros, frente a los 600 mil euros establecidos en febrero.