El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) discutirá un proyecto en el que perfila acreditar casi un centenar de violaciones a la Constitución de parte de los gobernadores de Morena durante la consulta de revocación de mandato.

De acuerdo con el proyecto de sentencia, el magistrado Felipe de la Mata propone que, ante el cúmulo de irregularidades, el Instituto Nacional Electoral (INE) debe emitir lineamientos del artículo 134 constitucional para evitar que se repitan las violaciones.

Una de las propuestas es endurecer los castigos e incluir la pérdida del “modo honesto de vivir” por violaciones reiteradas a las reglas electorales, con lo cual los infractores quedarían fuera de la competencia para cualquier cargo público.

“Si una persona servidora pública ha dejado voluntariamente de cumplir de manera grave las normas constitucionales, puede carecer de un modo honesto de vivir”, señala el proyecto que se prevé sea discutido durante la sesión de este miércoles.

El TEPJF discutirá la acreditación de 98 violaciones a la Constitución por parte de los mandatarios morenistas durante la pasada consulta.

Según una recopilación del tribunal, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, encabeza la lista de infractores con 16 violaciones a la Constitución, la mayoría por emitir propaganda gubernamental en periodo prohibido y promoción personalizada.

Le sigue el gobernador de San Luis Potosí, incluido dentro de la cuarta transformación, pero del Verde Ecologista, y quien transgredió la Carta Magna en 13 ocasiones.

Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, y Rutilo Escandón, de Chiapas, acumularon 10 infracciones cada uno; y Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, y Alfonso Durazo, de Sonora, sumaron nueve.

Los mandatarios de Tabasco, Guerrero, Nayarit, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Veracruz, Tlaxcala y Campeche también infringieron la Constitución entre una y siete ocasiones.

Además de acreditar las faltas, de aprobarse la sentencia, el INE deberá emitir lineamientos que regulen e incluyan sanciones por transgredir el artículo 134 de la Constitución, pues actualmente se tienen claridad de qué no está permitido sobre propaganda gubernamental en procesos electorales, pero de las sanciones.

LEG