Entre 2018 y 2021 las adjudicaciones directas en México mostraron un aumento al pasar de 36% a 41%, mientras que las licitaciones públicas disminuyeron de 56% a 45%, y las invitaciones restringidas pasaron de 8% a 4%, reveló una investigación liderada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
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Durante 2021, el monto destinado a la adquisición de bienes y servicios por parte de la administración pública federal mediante el procedimiento de adjudicación directa ascendió a 195 mil 18 millones de pesos, a través de 140 mil contratos. La cifra fue equivalente al 41% del monto total de las compras públicas del Gobierno federal, según el análisis presentado el martes.
Si bien, las adjudicaciones directas, junto con las licitaciones públicas y la invitación restringidas son procedimientos legales mediantes los cuales el Gobierno tiene permitido realizar sus compras públicas, prevalece el uso de las primeras, lo que “disminuye la competencia e incrementa el riesgo de corrupción”, consideró el reporte.
La investigación refiere que hay más de 20 justificaciones para que las instituciones públicas opten por los procedimientos de adjudicación directa –o invitación restringida–, pero en 2021, las más utilizadas fueron las adquisiciones de bienes o servicios por montos pequeños (en el 23% de los casos), la existencia de un sólo proveedor o bien, sin sustitutos (20%), y por circunstancias que ponen en peligro la salud, la economía, la seguridad o el ambiente (14%).
Ante dichas justificaciones legales, el IMCO refiere que algunas son ambiguas, “lo que aumenta el riesgo de que este tipo de procesos se vuelvan la regla de contratación”.
Pese al aumento en los procesos de adjudicación directa, para 2021 las licitaciones públicas concentraron la mayor cantidad de recursos de las compras públicas, ya que el 45% se realizó a través de procesos competidos, cuya cifra alcanzó los 241 mil millones de pesos, a través de 17 mil contratos.
Durante 2021, el monto total de las compras públicas realizadas por el Gobierno se ubicó en 473 mil 391 millones de pesos, equivalente al 10% del Presupuesto de Egresos de la Federación de ese mismo año.
Se detectó además la falta de publicación de documentos –tales como el contrato, la convocatoria, el acta de junta de aclaraciones, el acta de presentación de propuestas y el fallo– que obstaculizan el análisis oportuno de las compras públicas, impidiendo conocer las condiciones en que se dio la contratación y los precios en que las instituciones adquirieron bienes y servicios.
El 21% de las compras realizadas a través de adjudicaciones directas y el 34% de las licitaciones públicas incumplieron con la publicación de uno o más documentos.
En el rubro de menos competencia –referente a una apertura reducida en proveedores y procedimiento de compras públicas– fue encabezado por Liconsa, ya que de los 4 mil 522 millones de pesos que gastó, el 77% fueron adjudicados directamente. Y en su interior, destaca el caso de la empresa Ilas México S.A. de C.V., que concentró el 41% del gasto de la institución.
Y en los rubros de menos transparencia e incumplimiento de la ley, destacó el Insabi por su falta de cumplimiento en la publicación del 98% de contratos de 2021 y porque el 51% de sus contratos fueron adjudicados directamente sin fundamentos legales, cuyo monto ascendió a 3 mil 783 pesos.
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