Una de las iniciativas preferentes enviadas por el presidente de la República Felipe Calderón al Congreso el sábado pasado contempla la reforma a varios artículos de la Ley de Contabilidad Gubernamental con el objetivo de establecer reglas para trasparentar la información financiera generada durante el proceso presupuestario en los tres niveles de gobierno.
El mandatario hizo efectivo, durante la entrega de su sexto y último informe, su derecho a presentar al inicio de la legislatura hasta dos iniciativas con el carácter de preferente, de acuerdo con la reforma política aprobada por la Comisión Permanente en julio pasado.
De ser aprobada, dicha ley permitirá la presentación homogénea de la información financiera en todos los órdenes de gobierno, garantizando la “armonización” de la misma, lo que permitiría que tanto los órganos fiscalizadores como la sociedad en general tengan acceso a “información fidedigna que permita hacer efectiva la rendición de cuentas de los entes públicos”.
En el documento enviado al Congreso, el Ejecutivo contempla una pena de dos a cinco años de prisión y multa de 100 mil a 250 mil días de salario mínimo general a quien “de forma dolosa” omita el cumplimiento de las obligaciones fijadas en el Capítulo Quinto, adicionado a la presente ley para “armonizar” la información sobre la evaluación y rendición de cuentas y en el que se contempla que los entes públicos publiquen la información correspondiente en su página de internet y mantenerla durante los seis años siguientes.
“Se obliga a las autoridades de los órdenes de gobierno federal, del Distrito Federal, estatal y municipal a ser transparentes, a dar cuentas claras y a informar a los ciudadanos, a través de documentos homogéneos que permitan analizar y comparar el desempeño de los entes públicos”, se lee en la iniciativa enviada por Calderón, que tendrá que ser discutida en el Senado durante los próximos 30 días y que tendrá que ser remitida a la Cámara de Diputados posteriormente.
La ley fue promulgada originalmente en 2008, y estas modificaciones buscan fortalecer el marco normativo, “toda vez que en varios entes públicos, persiste la opacidad en el manejo de los recursos públicos”.
Los estados o municipios deberán incluir en la información transparentada sus fuentes de ingresos, sus obligaciones de deuda pública, sus principales programas y proyectos, el salario de sus servidores públicos, los pagos por pensiones, gastos de inversión, así como sus proyectos de asociaciones público privadas y proyectos de prestación de servicios.
La “armonización” de la información se hará a través del Consejo Nacional de Armonización Contable, órgano que existe de acuerdo a la promulgación original y que está formado por varios funcionarios federales, de las entidades federativas y de los municipios.