De las tres mil 686 instituciones estatales obligadas a reportar información sobre sus compras públicas en 2021, solo el 52% registró datos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), sin embargo, ese porcentaje no equivale a una transparencia total, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
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El 48% restante no publicó información sobre las adquisiciones en bienes y servicios que efectuó para el cumplimiento de sus funciones en el ejercicio del año pasado.
La falta de transparencia por parte de sujetos obligados que ejercen recursos públicos implica un riesgo en el combate a la corrupción, advirtió el organismo.
Los estados con mayor porcentaje de sujetos obligados que registraron sus compras públicas en la PNT, en función del número total de sus instituciones, fueron Guanajuato (100%), Hidalgo (90%) y Puebla (88%). Mientras que el Estado de México (4%), Nayarit (30%) y Tamaulipas (30%) fueron las entidades con menor participación.
“¿Reportaron todo? No lo sé, porque la plataforma no me permite conocer el universo total de las compras”, refirió Valeria Moy, directora general del IMCO, en la presentación del análisis “Compras públicas estatales: ¿dónde quedaron los datos?”
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El IMCO halló información fragmentada, sin homologar en un sólo formato, errores en el registro al momento de la captura, y en algunos casos, documentación inaccesible, ya sea porque redirigen a páginas generales de gobiernos o no corresponde a lo solicitado.
Falta de competencia e incumplimiento de la ley
Si bien el 71% de las compras públicas registradas en la PNT fueron destinadas a procesos de licitación pública, con un monto de 247 mil 420 millones de pesos, también se detectó que el 7% se asignó por invitación restringida, con una cifra de siete mil 505 millones de pesos, mientras que el 19% de las compras públicas se destinó a adjudicaciones directas, equivalente a un monto de 65 mil 471 millones de pesos.
En las adjudicaciones directas se detectó que en el 58% de los casos no se cuenta con el enlace directo al contrato, un elemento clave para conocer los detalles y las condiciones de la negociación.
Además se detectó que las instituciones estatales asignaron más de tres mil millones de pesos a proveedores riesgosos, entre los que se incluyen empresas sancionadas, de reciente creación y fantasmas, con lo que se incumplió la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Los organismos estatales canalizaron alrededor de 2.3 mil millones de pesos de compras públicas a empresas sancionadas, y unos 748 millones de pesos a unidades económicas de reciente creación, es decir, que fueron constituidas hace menos de un año antes de recibir el contrato. A las empresas fantasmas, aquellas que simulan operaciones a través de domicilios fiscales inexistentes, se destinaron 2.7 millones de pesos.
Del total de los 2.3 mil millones de pesos asignados a empresas sancionadas, Michoacán destinó mil 23 millones de pesos; Oaxaca, 539 millones de pesos, y la Ciudad de México, 377 millones de pesos.
Mientras que de los 748 millones de pesos asignados a las empresas de reciente creación, Jalisco otorgó 122 millones de pesos; Quintana Roo, 108 millones de pesos, y la Ciudad de México, 89 millones de pesos.
LEG