La economía ha monopolizado de tal manera el debate en España, que temas como la inmigración apenas merecieron atención de los principales candidatos a la presidencia del gobierno en las elecciones del domingo.

 

Ni el líder del conservador Partido Popular Mariano Rajoy ni el candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba han hecho de las políticas de extranjería parte importante de sus mensajes al electorado.

 

Y eso que se trata del 12% de la población. Un colectivo de más de 5 millones de personas —casi 2 millones de ellos son latinoamericanos_. Cerca de medio millón de extranjeros obtuvieron la nacionalidad española en los últimos cuatro años y tienen derecho al voto, según estimaciones de asociaciones de inmigrantes.

 

“Exigimos al nuevo gobierno unas políticas claras. Políticas de integración, de diversidad, educativas y sanitarias”, dijo a la AP Vladimir Paspuel, presidente de la organización ecuatoriana Rumiñahui en España. “Quien quiera que gane, el primer paso sería llamar a un gran consenso nacional”.

 

Los inmigrantes son probablemente el grupo más castigado por la crisis económica que sacude España desde 2008. Si la tasa de desempleo alcanza el 21,5% en todo el país, entre los extranjeros supera el 32,7%, según las últimas cifras el Instituto Nacional de Estadística.

 

En 2004, la desocupación entre los extranjeros era del 7%.

 

El centroderechista Partido Popular (PP) dedica apenas tres páginas de un programa electoral de 214 a hablar de inmigración. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), dos páginas de 150.

 

Dado el estancamiento económico y la notable caída en la llegada de extranjeros a España en los últimos años, ambos partidos abogan por vincular la inmigración a las necesidades del mercado laboral.

 

Rajoy y el PP, favoritos en todas las encuestas, apuestan en su programa por una inmigración ordenada y más calificada. Además, los populares se muestran a favor de los flujos circulares, permitiendo la entrada y salida de mano de obra extranjera en función de la demanda de empleo.

 

Tanto PP como PSOE recogen la importancia de favorecer el retorno de inmigrantes desempleados y la integración en las escuelas y otros ámbitos de la sociedad.

 

Ninguno menciona recortes significativos, como limitar el empadronamiento o el acceso a la Sanidad, que en España es gratuita y universal.

 

“No creo que cambie mucho el tema de inmigración gobierne quien gobierne”, explicó Julio César Alcántara, presidente de la asociación de inmigrantes dominicanos AIDOCA. “Lo que hay, más duro no puede ser”.

 

Alcántara se refiere a la última ley de extranjería, reformada en 2009 a iniciativa del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que rige en España.

 

La regulación amplió de 40 a 60 días el plazo máximo de retención de inmigrantes irregulares en los llamados centros de internamiento para extranjeros.

 

Además, con el objetivo de frenar la llegada de personas en edad de trabajar en plena crisis de desempleo, se limitó la reagrupación familiar para los ascendientes (padres y abuelos), que sólo podrán venir a España si son mayores de 65 años y si el inmigrante que lo solicite acredita cinco años de residencia legal.

 

De hecho, para solicitar cualquier reagrupación, el extranjero debe llevar cinco años en España y no uno, como ocurría antes.

 

En el capítulo de ampliación de derechos, la norma creó el “arraigo familiar”, que permite regularizar a extranjeros indocumentados cuyos hijos hayan nacido en el país ibérico y accedan a la nacionalidad española.

 

“Si se reforma esta ley, que se reforme para mejorar los derechos de los migrantes”, aseguró Paspuel. “Y si no, estaremos atentos para defenderlos”.

 

Rumiñahui señaló que una de sus principales reivindicaciones es que desaparezcan los centros de internamiento. Y a la vez consideró un error que la inmigración se vincule únicamente a la economía.

 

“Nosotros hemos apoyado el desarrollo y crecimiento de España, y hay algún sector, por suerte mínimo, nos está viendo como enemigos, cuando hemos sido también grandes responsables del crecimiento económico”, dijo Paspuel. “Pedimos que no se vulneren los derechos y que siga el sistema de protección de los migrantes”.

 

En su opinión, los políticos deberían tener amplitud de miras y pensar en el futuro y no sólo en la coyuntura económica negativa que afecta a España.

 

“Sabemos que el momento de crisis está ahí, pero es puntual”, explicó. “Tenemos que ser previsores. El crecimiento va a venir más tarde o más temprano… Europa y España se recuperarán y van a necesitar mano de obra”, añadió. (Agencias)