La decisión del juez de control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, de vincular a proceso al exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, es el epicentro de un sismo político, pues impacta directamente al expresidente Enrique Peña Nieto.

El mexiquense y los leales que todavía le quedan, además del Grupo Hidalgo -al que pertenece el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong- harán causa común para salvarse de la persecución de la que son objeto.

Murillo es acusado por la FGR de los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de Justicia por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Durante la audiencia, Murillo sostuvo que en la investigación que encabezó “se pudieron cometer fallas, pudo hacerse mejor, puedo aceptar algunos errores, pudo haber fallas y aceptar cosas que se hicieron mal, pero ninguno la ha podido tirar”.

Fue el último intento para no ser vinculado a proceso, pero fue en vano. El presidente López Obrador dijo que podría sujetarse al criterio de oportunidad y decir quién le dio la orden de “manipular” las investigaciones.

¿Quiere el tabasqueño que Murillo Karam embarre a Enrique Peña Nieto? ¿Es un grito de guerra contra el expresidente?

Todo este embrollo judicial tiene que ver con los procesos electorales del Estado de México y de Coahuila, pero, sobre todo, con 2024, año en el que López Obrador se juega la continuidad de su proyecto de Gobierno.

La detención del exprocurador y su llamado a que diga “quien le dio la orden”, es un mensaje claro al expresidente para que no meta las manos en las elecciones del próximo año y menos en la presidencial. De hacerlo, su destino estaría frente de un juez.

El Presidente no está dispuesto a entregarle la Banda Presidencial a alguien que no sea de Morena y por eso arrecia los golpes políticos, judiciales y mediáticos en contra de sus opositores.

¿Hasta dónde está dispuesto a llegar? No dudará en acusar –con o sin evidencias– a quienes pretendan interferir en la continuidad de su llamada 4T.

 

“Poder de poderes”

En un intento más por interferir en la división de poderes, López Obrador presiona a la Corte para mantener la prisión preventiva oficiosa, a pesar de ser violatoria de los derechos humanos y ser tierra fértil para las venganzas políticas como en el caso de Rosario Robles.

Influir en el Legislativo y Judicial es la marca de este Gobierno. Cuando el Presidente dice: “No le muevan ni una coma” a sus iniciativas, los legisladores de Morena obedecen servilmente.

Sostiene que eliminar la prisión preventiva oficiosa generaría corrupción e impunidad.

López Obrador, aunque lo niegue, actúa como “el poder de los poderes”.

La prisión preventiva oficiosa le ha dado buenos resultados para sus venganzas políticas y personales: Robles y Jorge Luis Lavalle son el mejor ejemplo.

En los próximos días veremos si en la Corte ceden a las presiones de Palacio o muestran que la división de poderes goza de cabal salud.

 

  @maurijua