Por razones políticas, la Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa ha privilegiado el debate en torno al funcionamiento de la Procuraduría General de la República para fijar la idea de una “verdad histórica” falaz y, por ello, toda la atención se centra en el exprocurador Jesús Murillo Karam.
Sin embargo, por razones políticas, se puede imponer por algunos años la idea de la “verdad histórica” y a la vuelta de la esquina -como ocurrió ya con Rosario Robles Berlanga- el expediente se reorientará a sus verdaderas causas y varios de los detenidos hoy tendrán que salir en libertad para seguir el proceso fuera de la cárcel.
Los padres de los 43 estudiantes asesinados, poco a poco van a empezar a endurecer sus protestas para exigir la investigación sobre los asesinos, no sobre los que presuntamente encubrieron la investigación. Y ya ha comenzado a aparecer la referencia al grupo criminal Guerreros Unidos, una derivación del cártel de los hermanos Beltrán Leyva y del Cártel de Sinaloa, pero fortalecidos por sus vínculos directos, políticos, familiares y de protección, por el alcalde perredista José Luis Abarca y su esposa.
En un texto publicado en 2015 en la revista Nexos, el director del CISEN (2006-2011), Guillermo Valdés, lo dijo con claridad: “Detrás del asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa estaba la captura y reconfiguración de los municipios de Iguala y Cocula. Los policías municipales obedecían órdenes sin chistar de la organización asesina, los Guerreros Unidos; los vínculos del alcalde de Iguala, José Luis abarca y su esposa con los jefes de la organización están bien documentados; ella es hermana de dos capos de la organización de los Beltrán Leyva de la cual surgieron los Guerreros Unidos”.
La pista del grupo criminal lleva a autoridades estatales y municipales del PRD en ese entonces, justo cuando el hoy subsecretario Encinas era senador perredista.
Zona Zero
- Otro dato revelado por Valdés señala que la policía de San Fernando, Tamaulipas ayudó a Los Zetas a trasladar a jóvenes michoacanos secuestrados de autobuses que se dirigían de Morelia a Matamoros para llevarlos a un rancho donde eran asesinados”. Y sugiere: “Averiguar con más precisión la dimensión y profundidad de este fenómeno debiera ser una de las prioridades de los órganos de inteligencia del Estado”.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh
