Así que ese será el ambiente político de estos dos últimos años de Gobierno. Una fractura cada vez más evidente en el partido político del Presidente, Morena, con costos legislativos de por medio, y un lance abierto y sin más tapujos para alinear por completo al poder Judicial.
Inicia el periodo ordinario de sesiones del congreso con una iniciativa de reforma constitucional enviada por López Obrador para desmantelar al Instituto Nacional Electoral.
Este cambio a la Constitución, que implicaría tener en la bolsa a dos terceras partes de los legisladores, ya lo dan por perdido en Palacio Nacional. Sin embargo, ahí están las denuncias del presidente del PAN, Marko Cortés, sobre cómo hasta el crimen organizado intentó amedrentar a los legisladores de ese partido para obligarlos a aprobar la contrarreforma energética. No pasó.
Quizá por eso el Presidente intenta que la militarización de la Guardia Nacional siga el mismo camino de la ley eléctrica. Hacer que su mayoría en las cámaras de diputados y senadores aprueben cambios en leyes secundarias que después un pequeño grupo de ministros de la Suprema Corte solícitamente apliquen alguna chicana judicial para su implementación.
Pero aun en ese camino ya recorrido por el Presidente puede enfrentar problemas por su decisión de adelantar tanto los tiempos de la sucesión presidencial. Esto ya pasa facturas a la operación política de su Gobierno.
Y más allá de que tenga el poder de obligar el sentido del voto de su bancada en el senado, ahí están las palabras de Ricardo Monreal. Sobre la intentona de violar la Constitución con leyes secundarias, como lo hizo López Obrador en el sector eléctrico, Monreal dijo: “ningún ordenamiento jurídico, decreto o acuerdo puede estar por encima de la Constitución”.
Esto caló muy hondo en Palacio Nacional, sobre todo después de que López Obrador lograra que cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se brincaran ese concepto que Monreal le echó en cara.
Justamente está ese otro frente abierto con el poder Judicial que se ha mostrado sumiso hasta estos niveles actuales en los que sin pudor López Obrador llama corruptos a la mayoría de los integrantes del poder judicial. El silencio de la judicatura muestra miedo o complicidad, pero todo debe tener un límite.
López Obrador no va a perder su popularidad personal el resto del tiempo constitucional que le queda, lo que escucharemos hoy en su discurso de Informe de Gobierno será evidencia de que no cambia el camino.
Pero el adelanto de los tiempos sucesorios sí pueden acabar por radicalizar al Presidente en sus acciones y decisiones.
López Obrador sabe que no tiene un eventual sucesor con su nivel de popularidad personal y su obsesión es dejar a alguien que siga su camino al pie de la letra. Pero hoy tiene oposición hasta en su propio partido.
Quedan 25 meses, constitucionales, del mandato de López Obrador y pueden ser los más difíciles y radicales de toda la administración. Con todos los costos que ello puede implicar.
@campossuarez