El lunes termina una larga historia priista.
Un expriista y hechura de la clase priista, Julio Menchaca, asumirá en área pública a las 11 de la mañana la gubernatura de Hidalgo.
Sucede a Omar Fayad, último gobernador priista y quien llegó 12 años tarde por un acuerdo cupular precisamente de la misma clase priista.
Sólo lo saben algunos:
Cuando se avecinaba la sucesión de Manuel Ángel Núñez, quien dio juego y espacio a Omar Fayad, pensó en él para la postulación.
En ese momento, cuenta la historia narrada por actores, apareció su antecesor Jesús Murillo Karam y lo invitó a un paseo en Yate en el Océano Pacífico de Puerto Vallarta, Jalisco.
Se abordó el relevo gubernamental y, en ausencia, se mencionó a Omar Fayad con su larga lista de cargos públicos: parlamentarios, en seguridad pública, como alcalde de Pachuca…
-No puede ser él -planteó Murillo Karam.
Analizaron parte de su vida y llegó el consenso: en su lugar iría Miguel Ángel Osorio Chong, quien también eligió, heredo y optó por Francisco Olvera.
Mientras, Omar cuidó su imagen personal, contrató despachos y estuvo listo para el impulso definitivo, hace seis años, por Osorio Chong sobre David Penchyna.
Fayad no tiene reservas para entregar el poder a Julio Menchaca, un priista conciliador con bandera morenista, pero a quien casualmente Morena le regateó el espacio de la transición.
SAINETE DE MORENA
¿Por qué?
Porque el Legislativo estatal dominado por guindas esperaba una decisión política del Tribunal Electoral, a donde acudió la priista Carolina Viggiano a impugnar su caso.
Fue retratada con el magistrado José Luis Vargas y por ello Mario Delgado, escandaloso como todos los de su claque, le pidió excusarse.
-No le tengan miedo a la justicia -planteó Carolina.
Anoche, al cerrar esta información, no se conocía el sentido de la sentencia del Tribunal de Reyes Rodríguez Mondragón, pero no se veía por dónde regatear el triunfo a Menchaca.
EL CONTROL DE RADIO Y TV
El control de programas y audiencias de radio y televisión es preocupación dentro y fuera de México.
Basta asomarse al temor de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) porque, tras el fallo de la Corte de Arturo Zaldívar, deja en libertad al Congreso de la Unión.
A través de un nuevo marco legal, el Estado puede ejercer “presión sobre la forma en que se transmite la información noticiosa por parte de periodistas y comunicadores de radio y televisión”.
¿El pretexto?
“Defensa de las audiencias”.
Por otra parte, “las desproporcionadas sanciones por eventuales incumplimientos son elementos adicionales que constituyen una amenaza en contra de la labor periodística y de la comunicación en el país”.
El riesgo consiguiente es “implantar un régimen de censura previa y de autoridades que está prohibida por la Convención Interamericana de Derechos Humanos y otros tratados internacionales”.
Al final exhorta “a que las modificaciones legislativas que se promuevan garanticen la operación de las emisoras de radio y televisión mexicanas en sus labores informativas sin ningún tipo de medida que atente contra la libertad del ejercicio periodístico”.
LEG