Nunca se había visto, en la historia reciente, cómo desde la Presidencia de la República se ataca al Poder Judicial porque éste no se ha sometido a los deseos del Ejecutivo.

¿Qué tanto pesará en el ánimo de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en especial en el de los cuatro que fueron designados en esta administración, las quejas y reclamos del presidente Andrés Manuel López Obrador?

El jefe del Ejecutivo se quejó amargamente, el viernes pasado, de que los cuatro ministros postulados por él - Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortiz-, “ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia; ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos”.

López Obrador puso en la mira de sus fanáticos a estos cuatro ministros que hoy deberán decidir si la prisión preventiva oficiosa es constitucional o no.

Para que procediera la invalidez de la prisión preventiva oficiosa, se requieren ocho de los 11 votos de los ministros que integran el pleno.

Uno, el del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, está públicamente en contra, en concordancia con el proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales que propone la inaplicación del artículo 19 Constitucional.

El proyecto del ministro Aguilar propone declarar la invalidez del artículo 167, párrafo séptimo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y del artículo 5, fracción XIII, de la Ley de Seguridad Nacional, “previa inaplicación del artículo 19, párrafo segundo, última parte, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos’’.

En el proyecto, el ministro asegura que se debe declarar esta invalidez y la inaplicación del artículo 19 de la Constitución “por establecer la procedencia de la prisión preventiva en forma oficiosa, absoluta,

desproporcionada, automática, en contravención de los principios constitucionales que rigen la prisión preventiva, la presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad’’.

Igualmente, en el proyecto del ministro Aguilar, se propone declarar inconstitucional la inclusión de delitos fiscales en el régimen de delincuencia organizada.

“Se declara la invalidez del artículo 2º, párrafo primero, fracciones VIII, VIII Bis y VIII Ter, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, pues la adición hecha a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada contraviene el principio de ultima ratio del Derecho Penal, constituye una restricción injustificada a diversos derechos y no encuentra sustento en la propia lógica constitucional de la asignatura’’.

Este es el proyecto que se pondrá a consideración del pleno de la Corte hoy.

Es previsible que el Presidente aproveche su Mañanera para la última andanada en contra de la Corte, lo que generará más presión a los ministros.

¿Los doblegará o no?

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Los escándalos en los que se ha visto involucrado recientemente Enrique Vargas, vinieron a resolver un problema en la negociación de la alianza entre el PAN, PRI y PRD en el estado de México.

Vargas había arrancado primero, obligando al resto de los partidos a postular a sus propios candidatos pese a que siempre se mantuvieron las negociaciones para la alianza.

Ahora, Marko Cortés tiene argumentos firmes para convencer a los panistas mexiquenses que Vargas, pese a la popularidad, no es el mejor candidato si lo que se quiere es evitar que Morena gane la entidad el próximo año.

Así que, fuera Vargas, la disputa será entre Alejandra del Moral y Ana Lilia Herrera Anzaldo… como siempre fue.

LG