Dicen que lo cortés no quita lo valiente, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador, tan dado a los dichos, decidió no aplicar el anterior por sus convicciones liberales.

La muerte de la reina Isabel II provocó la solidaridad de todos los países del mundo con el Reino Unido y con los países que conforman la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth).

El Presidente mexicano envió desde su cuenta personal de Twitter un mensaje de solidaridad, pero no lo hizo en nombre del “Gobierno y del pueblo de México’’, como suele ocurrir en esos casos.

Se trata de una formalidad, quizá para uno sin mayor trascendencia, pero dice mucho de los países y mandatarios que por filias o fobias, rompen con el esquema tradicional.

Salvo el comunicado presidencial vía Twitter, no se conoce que ayer el Gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores haya expresado su pésame institucional a la familia real y al pueblo inglés.

En el país es conocida la animadversión del presidente López Obrador a las monarquías.

Su frase “ya no somos colonia de nadie’’, es emblemática de la política exterior y se esgrime en negociaciones comerciales como políticas con otros países.

Muy bien, pero ello no significa necesariamente que se desconozca la importancia que la figura de la reina Isabell tiene para su pueblo y por lo menos 54 países más en el mundo.

El respeto a la intervención en las decisiones de los países -que el Gobierno de la 4T aplica a discreción-, implicaría reconocer el papel histórico de Isabel II en el desarrollo del mundo de la posguerra y el lugar que su pueblo le concede.

No es que esperemos que haya represalias por el mensaje presidencial que se hizo por mero trámite, pero nada le hubiera quitado al Presidente mexicano -ni a sus convicciones- que sus condolencias hubieran seguido el camino de la diplomacia y la generosidad política con los deudos de la monarca fallecida.

Solo se trataba de eso.

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El ministro de la Corte, Luis María Aguilar, retiró su proyecto en el que proponía la inaplicación del artículo 19 Constitucional, que obliga a la prisión preventiva forzosa, a quienes cometan 16 delitos contemplados en un catálogo.

La decisión fue tomada después de que la mayoría de los 11 ministros de la Corte coincidieron que no eran ellos quienes debían corregir o “arrancar páginas’’ a la Constitución, sino a los legisladores.

Sin embargo, hubo coincidencia en que, en los términos actuales, la aplicación automática de la prisión preventiva forzosa viola derechos humanos fundamentales como la presunción de inocencia, además de que afecta principalmente a los grupos más vulnerables que no cuentan con medios para una justa defensa legal.

El ministro Aguilar “reconstruirá’’ su proyecto a fin de plasmar las coincidencias, lo que en términos prácticos equivaldría a una salida intermedia.

Es decir, que no se eliminaría o inhabilitaría el artículo en cuestión -no desaparecería la prisión preventiva forzosa-, pero abriría la puerta para que esta medida no se aplicará automáticamente, como propuso el ministro José Luis González Alcántara.

No sería la respuesta que esperaban los organismos defensores de derechos humanos, pero algo es algo.

No hay fecha para la presentación del nuevo proyecto.

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Se presentó el paquete económico para 2023 y lo más destacado es el incremento de casi 13% a los programas sociales.

Según el documento, se pretende destinar 1.7 billones de pesos -de los 8.3 billones que comprende el presupuesto de Egresos para el próximo año- para los programas sociales del bienestar.

Saque usted sus conclusiones.

LEG