El debate de opinión pública se ha quedado en la superficie de los chismes y ataques, pero no ha sabido llegar al fondo del problema: la caracterización gubernamental del poder militar como un poder cuasimilitar.
Las bandas delictivas no solo están buscando hacer negocios con las drogas o los delitos, sino que se han armado para resistir y combatir a las fuerzas armadas regulares del Estado.
Las decisiones parciales deben enmarcarse en el concepto de seguridad interior, es decir, la función del Estado de garantizar la estabilidad para el desarrollo, el bienestar y la democracia. El crimen organizado ha capturado espacios territoriales e institucionales de la soberanía del Estado.
El presidente Peña Nieto negoció y promulgó en diciembre de 2017 la Ley de Seguridad Interior para regular la participación militar en labores federales de seguridad, pero una ola de presiones provocó que la Corte la invalidara en diciembre de 2018.
La seguridad nacional enfrenta la delincuencia que afecta el patrimonio de las personas y sus bienes y la seguridad nacional define la defensa de la soberanía ante invasiones extranjeras. La seguridad interior tiene que ver con la función del Estado para proteger las instituciones y permitir el funcionamiento de la economía y el bienestar.
Como función legal del Estado, la seguridad interior viene de la Constitución de Cádiz de 1812 y se ha mantenido en las tres constituciones federales. Pero es la hora que existe como concepto y mandato, pero carece de una ley reglamentaria. Y ahí entra el papel de las fuerzas armadas en apoyo a la seguridad pública cuando la delincuencia afecta los espacios territoriales e institucionales del Estado.
Una ley de seguridad interior ataría los hilos sueltos de la seguridad que benefician a los delincuentes.
Zona Zero
- El apoyo del PRI a la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad vino a fortalecer la estrategia gubernamental, pero sigue requiriendo de una ley de seguridad interior. La democracia, el bienestar y los derechos humanos peligran con una delincuencia con poder cuasimilitar. El apoyo del PRI podría ayudar a redefinir esa ley reglamentaria de urgente resolución.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh
