¿Qué clase de prueba contundente y estridente le habrán mostrado a Alejandro Moreno? ¿Qué camino de presión paralelo y sensible para el presidente nacional del PRI habrán explorado como para provocar que decidiera incitar un cambio en la vida política del país de forma tan radical en tan poco tiempo?

Es probable que el régimen de Andrés Manuel López Obrador hubiera conseguido por la buena la ampliación de la permanencia del ejército en las calles en labores de seguridad pública si lo hubiera hecho a través del reconocimiento de que falló su estrategia de seguridad.

Aceptar que no sirvieron los abrazos como respuesta a los balazos del crimen organizado, que no hubo capacidad de implementar una corporación policíaca civil como la Guardia Nacional, porque el modelo de selección de los servidores públicos responsables es 90% lealtad y 10% capacidad.

Si tan solo este Gobierno hubiera aceptado el error que implicó secar de recursos públicos a las policías locales para arrebatar el control y el presupuesto para las corporaciones federales, si se hubiera dado ese reconocimiento del evidente fracaso, habrían conseguido un consenso.

Está claro que los gobiernos locales entienden que ante tales fallas en la estrategia federal el riesgo sería muy alto a partir del 2024.

Pero no, priva la incapacidad para reconocer los errores, para recomponer el camino de lo que claramente no ha funcionado. No hay manera de tener la humildad de reconocer la impericia y las malas decisiones en esta autonombrada Cuarta Transformación.

Resultó mucho más sencillo usar todo el poder para doblar a los opositores por los puntos más frágiles de la alianza y de paso provocar una ruptura que acerque al régimen a lo que más anhela, que es conservar todo ese poder amasado por el presidente López Obrador.

En un camino paralelo, el Presidente ordena a sus dóciles legisladores que pasen leyes secundarias que otorguen el control de la Guardia Nacional al ejército, con pleno conocimiento de que una disposición así viola flagrantemente la Constitución, pero también con la certeza plena de que esas mismas presiones poderosas alcanzan al poder judicial.

La alianza opositora siempre apareció como desarticulada, incapaz de generar una verdadera alternativa electoral que pudiera competir realmente con este régimen. El discurso electoral está dominado por el propio Presidente de la República, quien juega al margen de las disposiciones electorales con aquello de sus corcholatas.

Pero al menos esa disminuida alianza de partidos políticos aparecía como un reducto de una sana voz opositora en un país que luchó mucho por lograr estándares democráticos que hoy claramente están en riesgo.

Es probable que esta modificación constitucional de los diputados no logre su aprobación entre los senadores, con todo y que la fallida estrategia de seguridad lo haga necesario.

Pero la fractura, a través de esos evidentes medios de presión, de una alianza de partidos opositores que piensan diferente al oficialismo no es una buena noticia democrática para un país que no debe aspirar nunca al pensamiento presidencial unánime.

   @campossuarez