La diputada federal Juanita Guerra Mena (Morena) presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones de Crédito para que el dinero abandonado del crimen organizado pueda destinarse al fortalecimiento de los cuerpos de seguridad pública en estados y municipios.
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La propuesta, dijo la legisladora, fue elaborada en conjunto con al coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, y busca fundamentalmente la pacificación del país.
“Proponemos de manera eficaz una reforma en el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, a fin de que los recursos que han provenido y que se encuentran en calidad de bien financiero mostrenco, resguardados por las instituciones bancarias del país, prescriban en favor de la seguridad.
“De ninguna manera, y lo digo bien claro, de ninguna manera se busca utilizar recursos de particulares que pudieran ser susceptibles a reclamo”, expresó Guerra Mena.
Explicó que actualmente la Ley de Instituciones de Crédito prevé que cuando una cuenta bancaria no registra movimientos durante tres años, sus activos sean resguardados en una cuenta de carácter global.
Si el titular no activa un procedimiento para recuperarlos, la institución bancaria está obligada a ubicarle y para ello se tienen tres años más y por esa razón permanecer en una cuenta global, sin la posibilidad de ser utilizados.
“El resto de los recursos de la cuenta global no son de nadie, son bienes financieros mostrencos, incluso algunos de ellos de la delincuencia organizada que optó por su abandono a fin de no ser ubicados (…) en este vacío legal (…) debemos utilizarlo en temas de seguridad pública”, apuntó.
Enfatizó en que se debe robustecer la perspectiva profesional de las corporaciones de seguridad del país, como la policía de proximidad, lo que implica emitir las herramientas legales para alcanzar tal fin.
El coordinador de Morena dijo la semana pasada que se calcula que podrían utilizarse hasta cuatro mil millones de pesos de recursos que han sido previamente congelados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La propuesta fue remitida a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
LEG